Santo Domingo.- Este lunes se reanuda la audiencia de medida de coerción contra los implicados en una supuesta red de corrupción y lavado de activos desmantelada por la Operación Coral 5G.
Se espera que los abogados presenten ante el tribunal de atención permanente sus réplicas de defensa.
Los imputados, a quienes se les conoce medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente son: el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
La Operación Coral 5G alcanza además, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
El pasado viernes algunos de los abogados de la barra de la defensa expresaron que las evidencias presentadas por el Ministerio Público son amañadas y carentes del base legal, a lo que el magistrado Camacho respondió que esa es una falacia, ya que el Tribunal no ha rechazado una sola de esas evidencias.
El pasado jueves, el abogado Julio Cury, representante legal del general Julio Camilo De los Santos Viola, recusó por segunda vez a la jueza que lleva el caso, Kenya Romero, además de una querella que interpuso en su contra por supuestamente haber cometido ilícitos de prevaricación, por lo que los demás abogados solicitaron a la magistrada excluir al oficial de la audiencia, a los fines de continuar con los que no tienen objeción contra ella, acogiendo ésta la petición.
Solicita el Ministerio Público
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, quien afirmó que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para todos los implicados, con excepción de una que ha colaborado con el Ministerio Público, para cual solicitó arresto domiciliario.
Podría tratarse de la imputada Esmeralda Ortega, ya que según su representante legal, Yolenny Cruz, ésta ha colaborado con el Ministerio Público y ha concurrido a todos los interrogatorios.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
