El reconocido abogado Emmanuel Esquea Guerrero, sostuvo este lunes que el Ministerio Público debe investigar las bases del contrato del polémico “peaje sombra” y tomar acciones legales contra los que se lucraron de lo que considera un documento viciado desde su génesis y con nulidad absoluta.
“Ese es un contrato que estuvo viciado desde su génesis, pero con nulidad absoluta, pero no obstante había interés por parte de los gobiernos que participaron en eso, fíjense que hubo varios gobiernos, estuvo Leonel Fernández, Hipólito Mejía, después volvió Leonel Fernández, luego vino Danilo Medina y seguía esa carretera en su construcción y su concesión y nadie le puso atención hasta que vino el presidente Luis Abinader y decidió ponerle fin, de la manera en que lo hizo”, explicó el jurista, al ser entrevistado en el programa El Dia que se transmite de lunes a viernes por telesistema canal once.
Esquea Guerrero, a quien el Poder Ejecutivo consultó respecto al contrato que tenía el Estado hasta 2038, afirmó que hubo actos contrarios a la ley en la firma de dicho acuerdo y también señala que el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe, habría falsificado documentos no aprobados por el Congreso de la República, por lo que recomendó enviar el expediente al Ministerio Público.
Sobre el “peaje sombra”
El peaje de la Autovía de Samaná o “peaje sombra” tiene su historia, la cual está marcada por el elevado gasto que representaba para el Estado, al igual que los cuestionamientos al contrato “lesivo” que autorizó su construcción. Sumado a esto, está la parte de que la infraestructura no se utiliza como se esperaba, debido a lo costoso de transportarse por ella, lo que derivó en una gran carga económica para el país.
La noche de este jueves, el presidente de la República, Luis Abinader, comunicó a la nación que su gobierno daba fin al contrato, el cual costaría al Estado 1,900 millones de dólares en lo que le restaba de operación hasta pasar a manos del Estado en el año 2038. La transacción, que fue firmada en 2001 le otorgó 30 años de operación a la concesionaria de la vía, tiempo en el cual alegadamente recuperarían lo invertido en su construcción, que se estima entre los 150 y 200 millones de dólares.
El jurista Emmanuel Esquea Guerrero, contratado el pasado dos de febrero por Abinader para que rindiera un informe sobre el contrato, señaló en el mismo “nació viciado” y tenía elementos para ser rescindido.
La vía, cuyo nombre oficial es Juan Pablo II, fue construida por la concesionaria de capital colombiano Autovía del Nordeste S.A. Su inauguración se realizó el 12 de diciembre de 2008 en la gestión del entonces presidente Leonel Fernández. No obstante, sus inicios datan de 1999 con la convocatoria a licitación, y fue adjudicado en el 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía y la gestión de Miguel Vargas Maldonado, en la entonces Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC). Luego fue aprobado por el Congreso Nacional en el 2002 y, posteriormente, ejecutado a partir de 2005. Comenzó a operar meses antes de su inauguración.
