El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Defensor del Pueblo, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional y entrega de equipos para poner en marcha el plan piloto del Sistema de Información Socioeducativo y Criminológico, una estrategia que permitirá identificar perfiles criminalísticos, plantear los nuevos retos sistémicos y posibilidades de acciones con miras a mejorar la dignidad de los privados de libertad en la RD.
Asimismo, el presente acuerdo busca establecer mecanismos de asistencia y colaboración entre ambas instituciones, que permitan garantizar desde sus respectivos ámbitos de actuación, el acceso y de igual manera el derecho a recibir los servicios públicos de telecomunicaciones en términos de equidad, accesibilidad universal y asequibilidad, de personas con discapacidad visual, auditiva, verbal u otra limitación física o mental.
Como parte de este convenio, también se establecen los mecanismos necesarios para realizar un intercambio de información sobre denuncias, quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en contra de las entidades de intermediación financiera que violenten la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.
Nelson Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Indotel, explicó que este convenio busca garantizar derechos fundamentales como lo es el acceso, de manera equitativa, a los servicios de telecomunicaciones.
“El acceso de manera equitativa a los servicios telecomunicaciones se han convertido en una necesidad; el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha declarado el libre acceso a internet como un derecho para los ciudadanos y ciudadanas del país”, expresó.
Además, precisó, que desde el Indotel, se trabaja para garantizar el cierre de la brecha digital el proyecto “Conectar a los no Conectados” y el Plan Nacional de Banda Ancha.
De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó “este convenio que hemos rubricado con Indotel es una muestra de la voluntad que tenemos como institución de trabajar para que haya una buena administración pública, principalmente en los procesos que llevan a cabo las entidades gubernamentales dirigidos a responder a las necesidades de los ciudadanos y el cumplimiento de los derechos de las personas”.
En el convenio se establece además, la conformación de una mesa de trabajo permanente que se reunirá con una frecuencia mínima trimestral durante el primer año del acuerdo, para fines de evaluación de resultados, planificación, monitoreo y seguimiento de los objetivos planteados en el mismo, así como de los mecanismos, planes y estrategias que fueran diseñados para su efectiva ejecución.
