Santo Domingo.- Los Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), del Estado dominicano, busca obtener una indemnización por la suma de RD$23,903,465,542.00, contra los imputados de la red de corrupción, desmantelada la operación Anti Pulpo.
Representado por los Licdos. Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario, el ERPP se constituyó en querellante y actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y requieren la suma antes citada, por concepto de los daños y perjuicios de toda índole sufridos por el Estado Dominicano en su condición de víctima, como consecuencia de la violación a la Ley en que incurrió la red de corrupción.
La misma fue incoada en contra de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Múñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero Y Messin Elías Márquez Sarraf.
Así como las entidades Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. Y Veintisiete 328, S.R.L.
“Como se demuestra con las evidencias recolectadas, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, prevaleciéndose de su parentesco de hermano de padre y madre con el ex presidente Danilo Medina Sánchez, en los períodos gubernamentales 2012-2016 y 2016-2020, conformó una macro estructura integrada por los coimputados, entidades de carpetas que éste adquirió, y otras, para un total de 16 hasta el momento identificadas, con el propósito deliberado de poder gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado Dominicano, sin tener antecedentes en el mercado privado”, refiere en una de sus partes la referida acción.
Este entramado de corrupción conformado bajo el liderazgo de Juan Alexis Medina Sánchez, comprendían actividades comerciales desde: combustibles; alimentos y bebidas; cocinas, camas, artículos de limpieza; higiene; insumos de cocina; artículos, muebles y mobiliario de oficina; construcción; pintura; indumentarias; artículos deportivos; equipos médicos; equipos de laboratorios; consultorías profesionales en diferentes materias, servicios de seguridad, entre otros.
Para lograr contratar con el Estado dominicano indican que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez contó con la indispensable participación activa y estratégica de ex funcionarios públicos, Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta y directora administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en el período 2016-2020, quien hacía las invitaciones a las empresas del entramado para las licitaciones y autorizaba los pagos.
Además Fernando Rosa Rosa, presidente del FONPER en el período 2012-2020; Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez director de fiscalización de OISOE en el período comprendido 2015-2020; Francisco Pagán Rodríguez, director general de OISOE en el periodo 2015-2020; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Ministro de Salud Pública del período 2012-2015; y Rafael Antonio Germosén Andújar, ex Contralor General de la República del período 2012-2016.
Dentro de las actuaciones contrarias a la Ley, realizadas por el entramado se identificaron las siguientes: el pago a personal de seguridad sin que se prestara ningún servicio; los montos dejados de percibir por conceptos de impuestos de Aduanas; los montos dejados de percibir por conceptos de impuestos y recargos; el pago a personal que se encontraba prestando servicios en otras entidades del Estado Dominicano; los contratos por servicios profesionales prestado por funcionaros públicos en violación a la Ley debido a la clara incompatibilidad; las cesiones de crédito efectuadas en violación a la Ley; los pagos duplicados por las mismas obras y las adendas para aumentar el precio de las obras adjudicadas que excedían el 25% que prevé la Ley.
De igual manera, obtuvieron desembolsos a través del Banco de Reservas sin que exista justificación alguna; pagos en exceso de lo estipulado contractualmente sin justificación; pagos realizados sin las certificaciones correspondientes de la DGII y TSS; contrataciones rescindidas sin exigir la devolución de los pagos avanzados y sin ejecutar las pólizas de garantía de fiel cumplimiento.
El Estado dominicano requirió por igual medidas de coerción real, consistentes en hipotecas judiciales provisionales y embargos en contra de todos los imputados y entidades vinculadas por la suma de RD$23,903,465,542.00,así como el levantamiento del velo corporativo y declaratoria de conjunto económico de todas las entidades que formaron parte del entramado.
