Santo Domingo.- El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, mostró su preocupación ante la amenaza que representa la intención del gobierno de privatizar las empresas distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edesur y Edenorte).
“El discurso oficial dice que es para capitalizarlas, pero ese es un cuento muy viejo y que nos conocemos de memoria”, explicó Moreno al recordar las acciones del primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que con la excusa de la capitalización el pueblo dominicano fue despojado de la CDE, de los ingenios y sus tierras.
En ese sentido Moreno indicó que ningún gobierno tiene derecho a enajenarle al pueblo dominicano su patrimonio, sobre todo porque la Privatización va a suponer el aumento progresivo de la tarifa eléctrica y por tanto la exclusión de mucha gente del servicio.
“No se crea que esta decisión se adopta por altruismo, se trata de beneficiar a élites que en su afán de incrementar sus riquezas están siempre al acecho apeteciendo apropiarse de bienes del Estado y de la gestión de servicios públicos rentables”, agregó.
El político dijo que por la impronta neoliberal que lleva el gobierno de Luis Abinader “Si no reaccionamos y detenemos esta ola de privatización, el Estado dominicano terminará convertido en una empresa privada administrada desde el Palacio Nacional”, puntualizó en su comentario.
El comentario de Guillermo Moreno se da en virtud de lo expuesto por el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, quien dió a conocer que las empresas distribuidoras de electricidad (Edes) podrían ser operadas y gestionadas por el sector privado mediante una alianza público-privada.
Freund agregó que este plan se ha discutido con firmas internacionales, tales con el Consejo Unificado de las Edes y con el Gabinete Eléctrico. Aclaró que no se trata de privatizar las edes, sino de capitalizarlas. El Estado no venderá sus activos, sino que el sector privado se encargará de la gestión de las distribuidoras y de ejecutar un plan de inversión que conllevará cerca de US$1,600 millones en los próximos seis a siete años.