Santo Domingo.- La mayor parte de quienes participaron en la vista pública en el Congreso Nacional sobre la propuesta de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, concordaron que las transformaciones tecnológicas en el sistema de justicia son imprescindibles para adecuarse a los nuevos tiempos que demandan tales herramientas para el acceso y la eficiencia del servicio.
Juristas, académicos, jueces, empresarios y representantes de la sociedad civil aportaron sus ideas y propuestas al proyecto que actualmente se está conociendo en la Cámara de Diputados.
Perla Contreras Mejía, gerente de Asuntos Regulatorios del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y quien habló en representación de César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), precisó que para el sector empresarial es de alto interés toda iniciativa que contribuya a la modernización, accesibilidad y celeridad del sistema judicial.
“Consideramos que el uso de recursos digitales ha jugado un rol importante para continuar con la operatividad del Poder Judicial ante la crisis generada por el Covid-19, demostrándose con ello la utilidad de estos”, afirmó Mejía.
También, la representante del CONEP indicó que se debe establecer con mayor claridad y precisión el órgano del Poder Judicial, el cual debe ser responsable de la reglamentación de esta Ley.
En ese sentido, César Moliné, director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), sostuvo que la incorporación de los medios digitales como la Firma Electrónica, en apego a las normas procesales, vigentes y observando los mecanismos que aseguren su integridad, son herramientas que asegurarán la transformación digital en el sector de la justicia.
“Entendemos que los principios planteados por el proyecto de Ley, que hoy se encuentran estudiando, está alineado a los objetivos de transformación digital que ha sido asumido no solo como nuestra estrategia nacional de desarrollo sino como la agenda digital recientemente aprobada por el Poder Ejecutivo”, expresó Moliné.
Mientras que Alberto Ramírez Cabral, rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), dijo que las transformaciones de las instituciones son el fruto de las socializaciones en los espacios democráticos en la búsqueda de un mejor futuro.
De igual forma, Fernando Arturo Valencia, juez de Paz del Distrito judicial de La Vega, señaló que la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial es un instrumento neurálgico para seguir fortaleciendo el servicio judicial en la República Dominicana.
Además, Abraham Fernández, representante de la firma de abogados Martínez- Peña- Fernández y Asociados, respaldó el proyecto al asegurar que los servicios digitales en el Poder Judicial son sumamente necesarios para garantizar, principalmente el acceso a la justicia, a la vez que eficientiza los procesos y casos y reduce costos a todas las partes envueltas.
“Elementos importantes del proyecto de ley es la opcionalidad que le ofrece al usuario de la virtualidad en los procesos, la firma electrónica que garantiza la seguridad y su uso continuo. Las estadísticas de hace un año y medio de la implementación del servicio judicial están ahí y su factibilidad es innegable”, indicó Fernández.
La propuesta de Ley ha sido socializada con la comunidad jurídica, actores de la sociedad civil y representantes de las academias, quienes han coincidido que la virtualización de la justicia no tiene vuelta atrás y es un aliado imprescindible para la efectiva y eficiente administración de justicia.
También valoraron el diálogo propiciado por el Poder Judicial para socializar el proyecto, a los fines de procurar identificar las debilidades del sistema y aunar esfuerzos para enfrentarlas.
Además, la propuesta ha sido socializada con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está conociendo el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, así como legisladores del Senado de la República.
Esta iniciativa de ley tiene como propósito establecer los principios y lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el entorno judicial, sin afectar las normas procesales vigentes.
