El destacado abogado Luis Rivas sostuvo este martes que el Ministerio Público ha hecho un trabajo arduo y encomiable con la “Operación Coral 5G” y que todo parece indicar que es posible que se agreguen otros imputados en el expediente.
“Todo parece indicar que estamos en presencia de expedientes bien fundamentados, de que se está haciendo un trabajo con un rigor científico de investigación. Debemos recordar señores que en esta etapa, esta es una etapa de investigación, una etapa preparatoria, esto no significa de que estos son todos, puede que hayan personas de que en el curso del proceso sean o se agreguen otros imputados, otras personas de interés”, afirmó Rivas.
Explicó que el problema del manejo y del control de los fondos asignados al servicio de inteligencia no parece ser tan sencillo y citó como ejemplo la sustracción de los fondos del ejercito afgano, tras la salida de los Estados Unidos y el ascenso de Afganistán.
“Uno de los altos mandos del ejercito afgano reveló que mucho del dinero que se utilizaba, de la inteligencia en contra de los talibanes, fue sustraída, entonces parece ser, que ese tipo de fondos, por su naturaleza misma, es muy difícil de manejar”, dijo Rivas.
Aclaró que está consiente de que debe haber control para evitar los inconvenientes.
El jurista se expresó en estos términos al ser entrevistado en el programa El Día, que se transmite de lunes a viernes por Telesistema canal once (11), conducido por Huchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana.
Imputaciones en Operación Coral 5G
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones (Rafael Núñez de Aza) para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaron cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimen- ticias, inteligencia, cuentas por cobrar, para mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
Además, adulteraron cuadres, para elaborar informes ficticios que se presentaban a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones. Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusep y del Cestur.
Utilizaron a militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, debido a que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.
Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas mediante acciones delictivas.
“Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonarias operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles”, dice el expediente.
Asimismo la Pepca dice que los miembros de este entramado ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos “a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada, acciones y omisiones al más alto nivel”.
También que distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 % y el 90 % de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
“Utilizaron bienes incautados como propios. Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
“Utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darles apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano”, dice el expediente.Núñez de Aza, cerebro
Según el Ministerio Público el cerebro financiero de esta operación era el coronel Rafael Núñez de Aza, pero, además de él, el general Adán Cáceres y Raúl Alejandro Girón fueron beneficiados, a través del esquema, estos nuevos imputados y para los cuales están pidiendo 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo.
“Todos estos imputados, a raíz de los beneficios de los actos de corrupción, presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes”, dice el expediente.Torres Robiou
Al general Torres Robiou se le imputa por falta de correlación entre los ingresos de comunidad de bienes y propiedades adquiridos. Se le suma coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, falseamiento y omisión en la declaración jurada.General Viola
Al general Julio Camilo de los Santos Viola, se le acusa de lucrarse de un sistema replicado de recolección ilegal de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias, sustentado frau- dulentamente en distracción de los recursos públicos. Se desempeñó como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. De acuerdo con el expediente, solo en gastos de operaciones recibió durante el periodo 2014 hasta 2020 la suma de RD$737,509,49.00, aumentado así “sus patrimonios personales”.Reyes Batista
El general Boanerges Reyes Batista fue comandante del primer Regimiento de la Guardia Presidencial de 2016 a 2020. En el expediente se le acusa de beneficiarse de los actos de corrupción cometidos por el entramado en perjuicio del Estado. Supuestamente manejó más de RD$59,000,000 de forma irregular, según la Pepca y que adquirió terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colina del Oeste, “utilizando el mismo modus operandi de los coimputados”.Mata Flores
El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores es acusado de beneficiarse considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado Coral 5G. El MP afirma que adquirió terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, supuestamente utilizando el mismo modus operandi de los coimputados.Lantigua Cruz
Del coronel Carlos A. Lantigua Cruz se dice que manejó RD$304,961,595.00 por conceptos de fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cestur.
Es acusado de distraer fondos del Estado en provecho de la organización criminal, aumentar su patrimonio, “adquiriendo propiedades que no podría justificar con sus ingresos ni sumados con los de su pareja”.Guzmán Alcántara
Al coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara se le acusa de aumentar considerablemente su patrimonio, adquiriendo inmuebles y vehículos que no podría justificar con los ingresos legales que puede demostrar, y sin haber adquirido financiamientos para estos.Pérez Núñez
El teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez es acusado de no lograr correlación entre sus ingresos de la comunidad de bienes y las propiedades muebles e inmuebles adquiridos.
Supuestamente, es uno de los hombres de confianza y brazo operativo del imputado Cáceres Silvestre y tenía bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas de éste que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.Santana Martínez
Del teniente coronel Kelman Santana Martínez la Pepca dice que su comportamiento financiero, los bienes adquiridos, así como su estilo de vida y el de su cónyuge Marioly Pérez Adames, no se justifican con sus ingresos, su salario era de 25,875 pesos y pudo adquirir varios apartamentos, creó empresas y posee varios vehículos.Rosario Pirón y Ramos
El primero, el mayor José Manuel Rosario Pirón es identificado por la Pepca como la mano derecha del director financiero del Cestur y Cusep, Rafael Núñez de Aza y cuya función principal era lavar el dinero producto de la corrupción.
En tanto que César Félix Ramos Ovalle es acusado de tener una asociación con empresas privadas para distraer fondos del Estado dominicano. Además, señala que fue beneficiado con licitaciones para suplir tickets de combustibles, los cuales “nunca fueron entregados”.Ventura Pichardo
A Ventura Pichardo se le acusa de desviar fondos de las raciones alimentarias destinadas para esa institución. Existía una asignación mensual de RD$1,000,000, dinero que fue distraído supuestamente por Ventura Pichardo y Roberto Acevedo.Sucursal 550
Esmeralda Ortega Polanco (a) 550 era la gerente de la sucursal 550 del Banco de Reservas donde según el expediente se realizó más del 90 % de las transacciones y “evitaban los controles del sistema financiero”.
“La imputada era una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza e incluso daba instrucciones en su nombre, hacía transferencias a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos, lo que constituye un robo de identidad, por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núnez de Aza”, afirma el Ministerio Público.
