El abogado Francisco Álvarez Martínez, sostuvo este lunes que los militares implicados en la Operación Coral 5G, según el expediente del Ministerio Público, han cometido una serie de faltas que pudieran ser consideradas disciplinarias y administrativas del órgano.
“En este caso se han incluido lo que pudieran ser, faltas vinculadas a lo que es el ejercicio del poder dentro de los órganos castrenses, por ejemplo, los militares vinculados, han cometido una serie de faltas que pudieran ser consideradas disciplinarias y administrativas del órgano y que trascienden lo que pudiera ser el elemento penal, de lo que habíamos visto en el caso Coral 1.0”, afirmó el jurista.
Álvarez Martínez, quien es parte del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), dijo durante una entrevista en el programa El Día, que se transmite de lunes a viernes por Telesistema canal once (11), que el Ministerio Público ha ampliado en la Operación Coral 5G, el espectro punitivo que utilizó en la Operación Coral 1.0.
“El Ministerio Público ha ampliado el espectro punitivo que utilizó en la Operación Coral 1.0.”, expresó.
Comentó que se presume, el nombre de 5G obedece a que hay cinco generales implicados en el caso, pero que solo se conocen cuatro nombres.
Sobre el caso
Los imputados en Operación 5 G son: el general Juan Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo de los Santos Viola; el general de brigada Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel Rosario Pirón; César Félix Ramos Ovalle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.
El Ministerio Público depositó la noche del viernes por ante esa dependencia judicial cinco contenedores con los expedientes acusatorios de los procesados los cuales contienen más de 600 páginas y setecientos 700 medios de pruebas documentales.
Entre las evidencias, el Ministerio Público menciona documentos bancarios, títulos de propiedad, bienes inmuebles decomisados y una serie de elementos probatorios.
“El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucede”, dijo coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tras encabezar el depósito de la documentación.
La supuesta red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público y se le ha ocupado hasta el momento 125 propiedades.
En el expediente acusatorio de la primera y segunda fase de la Operación Coral, la (Pepca) establece que una de las principales fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado se Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Dice que desde las nóminas existía un esquema tipo piramidal en donde, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en nómina por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza y el encargado de tecnología y nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Sostiene que, en el caso del Cusep, el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre era quien aprobaba los nombramientos de personas, no obstante, estos no pasaban por Recursos Humanos, sino que se colocaba de forma directa en nómina que era manejada por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza, a través del teniente coronel, José Ramón Santos Jiménez, y posteriormente por el imputado, mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Explica que el teniente coronel José Ramón Santos Jiménez, el segundo teniente Vicente Girón Jiménez, el teniente Erinson Brens Rosario y primer teniente Juan Ramón Tejada Hilario, reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, se los presentaban a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien los depuraba junto a su superior, Rafael Núñez de Aza y solicitaban la incorporación, siendo esto aprobado por el imputado Juan Carlos Torres Robiou en Cestur y por Adán Benoni Cáceres Silvestre en Cusep.
Indica que, posteriormente, las personas que pasaban la depuración eran agregadas a las nóminas de Cusep o Cestur, con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, los cuales debían ser devuelto en su totalidad, y en otras ocasiones los “nombrados” eran autorizados a quedarse con montos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad asignada, y el resto debían devolverlo a las “cabezas recolectoras”, en este caso al teniente coronel José Ramón Santos Jiménez, el segundo teniente Vicente Girón Jiménez, Erinson Brens Rosario y el primer teniente Juan Ramón Tejada Hilario, quienes le entregaban el dinero al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez y a Rafael Núñez de Aza.
