El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) rechaza la campaña de mentiras con la que el gobierno ha intentado justificar sus agresiones misóginas y racistas en contra de mujeres embarazadas, cientos de ellas expulsadas en la última semana, y llegando al extremo de sacarlas de los hospitales en abierta violación de las leyes.
En tal sentido, la organización ha constatado que el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (RIESS) desmiente las afirmaciones de funcionarios del gobierno que han asegurado que más del 40% del gasto de salud pública se invierte en atenciones a pacientes haitianos, y especialmente a mujeres embarazadas, llamadas “parturientas” en el lenguaje de odio oficial. Esta afirmación fue difundida en el reportaje “Carga Pesada” realizado por Alicia Orgega el 11 de octubre del presente año. Según los datos oficiales del RIESS, los servicios de salud que son requeridos con mayor frecuencia, y que representan un mayor gasto, la comunidad inmigrante recibe menos del 10% de los servicios prestados. Estos son consultas externas, emergencias y laboratorios. En el caso de los partos, las mujeres inmigrantes representan poco más de una cuarta parte del total. Recordemos que el gasto en salud abarca además gastos en materiales, salarios, infraestructura, y otros apartados que no dependen del volumen de pacientes atendidos en los hospitales públicos, nacionales o inmigrantes. Por lo cual un 9 o 10% de pacientes inmigrantes no equivale a un 10% del gasto en salud, sino un porcentaje mucho menor.
El MST también cuestionó la cifra ofrecida por el ministro de Salud, Daniel Rivera, al afirmar que solo en atención a mujeres embarazadas haitianas se ha gastado más de 10 mil millones de pesos en lo que va de año. La actual directora del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Franka Valois, afirmó recientemente que el costo de un parto vaginal es de 7 mil pesos y por cesárea alrededor de 11,5 mil pesos. Si tomamos como referencia los 24,476 partos registrados oficialmente hasta septiembre, el costo promedio correspondiente a la cifra falsa del ministro sería de más de 400 mil pesos por parto. El ministro de Salud tendría que renunciar por sus escandalosas mentiras.
Ni se destina 40% del gasto en salud pública a la comunidad inmigrante, ni se ha gastado RD$10 mil millones en partos de mujeres inmigrantes haitianas, ni es culpa de la comunidad inmigrante que los hospitales estén en mal estado, asegura el MST. El único culpable es el gobierno, según esta organización, recordando que la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su artículo 24, ordena destinar para el 2020 una inversión equivalente al 4% del PIB en gasto público en salud. En el Presupuesto general del Estado del año 2021, el presupuesto de salud fue alrededor de la mitad de ese porcentaje. “Abinader viola la ley al no invertir lo que debe en salud pública, desvía la atención hacia un chivo expiatorio, las mujeres embarazadas haitianas, y luego viola nuevamente la ley al secuestrar a estas mujeres dentro de los hospitales para para fines de expulsión sumaria del país”, reza la declaración del MST. “Abinader además tiene previsto un recorte de RD$ 24.8 mil millones para el presupuesto de salud del año 2022, mientras este año ha desviado más de 770 millones de pesos de los fondos de la seguridad social para pagar a las ARS. La verdadera carga, que es el negocio
de la salud privada subsidiada por el Estado, es cada vez mayor y obtiene ganancias obscenas. En lo que va de año las ganancias de las ARS superan los 3,4 mil millones de pesos. Es necesario desenmascarar que los sectores racistas, xenófobos y supuestamente nacionalistas, le hacen el juego a la política gubernamental de subsidiar al capital y recortar el gasto en salud pública”, agregó la organización socialista en su declaración.
Finalmente, urgen al Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Enfermería y otras organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos a unir esfuerzos para defender la salud pública de los ataques de Abinader y defender a las mujeres inmigrantes de la represión
El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) rechaza la campaña de mentiras y fake news con la que el gobierno ha intentado justificar sus agresiones misóginas y racistas en contra de mujeres embarazadas, cientos de ellas expulsadas en la última semana, y llegando al extremo de sacarlas de los hospitales en abierta violación de las leyes.
En tal sentido, la organización ha constatado que el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (RIESS) desmiente las afirmaciones de funcionarios del gobierno que han asegurado que más del 40% del gasto de salud pública se invierte en atenciones a pacientes haitianos, y especialmente a mujeres embarazadas, llamadas “parturientas” en el lenguaje de odio oficial. Esta afirmación fue difundida en el reportaje “Carga Pesada” realizado por Alicia Orgega el 11 de octubre del presente año. Según los datos oficiales del RIESS, los servicios de salud que son requeridos con mayor frecuencia, y que representan un mayor gasto, la comunidad inmigrante recibe menos del 10% de los servicios prestados. Estos son consultas externas, emergencias y laboratorios. En el caso de los partos, las mujeres inmigrantes representan poco más de una cuarta parte del total. Recordemos que el gasto en salud abarca además gastos en materiales, salarios, infraestructura, y otros apartados que no dependen del volumen de pacientes atendidos en los hospitales públicos, nacionales o inmigrantes. Por lo cual un 9 o 10% de pacientes inmigrantes no equivale a un 10% del gasto en salud, sino un porcentaje mucho menor.
El MST también cuestionó la cifra ofrecida por el ministro de Salud, Daniel Rivera, al afirmar que solo en atención a mujeres embarazadas haitianas se ha gastado más de 10 mil millones de pesos en lo que va de año. La actual directora del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Franka Valois, afirmó recientemente que el costo de un parto vaginal es de 7 mil pesos y por cesárea alrededor de 11,5 mil pesos. Si tomamos como referencia los 24,476 partos registrados oficialmente hasta septiembre, el costo promedio correspondiente a la cifra falsa del ministro sería de más de 400 mil pesos por parto. El ministro de Salud tendría que renunciar por sus escandalosas mentiras.
Ni se destina 40% del gasto en salud pública a la comunidad inmigrante, ni se ha gastado RD$10 mil millones en partos de mujeres inmigrantes haitianas, ni es culpa de la comunidad inmigrante que los hospitales estén en mal estado, asegura el MST. El único culpable es el gobierno, según esta organización, recordando que la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su artículo 24, ordena destinar para el 2020 una inversión equivalente al 4% del PIB en gasto público en salud. En el Presupuesto general del Estado del año 2021, el presupuesto de salud fue alrededor de la mitad de ese porcentaje. “Abinader viola la ley al no invertir lo que debe en salud pública, desvía la atención hacia un chivo expiatorio, las mujeres embarazadas haitianas, y luego viola nuevamente la ley al secuestrar a estas mujeres dentro de los hospitales para para fines de expulsión sumaria del país”, reza la declaración del MST. “Abinader además tiene previsto un recorte de RD$ 24.8 mil millones para el presupuesto de salud del año 2022, mientras este año ha desviado más de 770 millones de pesos de los fondos de la seguridad social para pagar a las ARS. La verdadera carga, que es el negocio
de la salud privada subsidiada por el Estado, es cada vez mayor y obtiene ganancias obscenas. En lo que va de año las ganancias de las ARS superan los 3,4 mil millones de pesos. Es necesario desenmascarar que los sectores racistas, xenófobos y supuestamente nacionalistas, le hacen el juego a la política gubernamental de subsidiar al capital y recortar el gasto en salud pública”, agregó la organización socialista en su declaración.
Finalmente, urgen al Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Enfermería y otras organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos a unir esfuerzos para defender la salud pública de los ataques de Abinader y defender a las mujeres inmigrantes de la represión
Lea aquí la declaración íntegra del MST:
Mentiras para justificar la violencia
Hemos sido testigos de la violencia racista y sexista del gobierno de Abinader, que ha llegado al extremo de sacar mujeres embarazadas haitianas de los hospitales para su expulsión del país. Según el director de Migración, Enrique García, en la segunda semana de noviembre se deportó a centenares de mujeres haitianas embarazadas, más de 600, según periodistas del programa El Día, citando fuentes gubernamentales. El ministro de Interior y Policía, “Chu” Vásquez, afirmó que las deportaciones de mujeres embarazadas, pese a las críticas, continuarán. Estas acciones represivas ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y dividen familias. Muchas de las gestantes deportadas dejan hijos en el país.
El escenario para estos atropellos ha sido preparado por el gobierno mediante la difusión sistemática de cifras falsas y fake news, llegando al absurdo de responsabilizar a las mujeres embarazadas inmigrantes por las carencias de los hospitales y de la salud pública. Para esto, el gobierno se ha valido de su alianza con los medios de comunicación privados. Un ejemplo escandaloso de la difusión de mentiras ha sido el reportaje “Carga Pesada” realizado por Alicia Ortega, quien el 11 de octubre de este año afirmó que “más del 40% del gasto en salud se invierte en las atenciones a pacientes haitianos, en especial a las parturientas en los principales hospitales del país…” y que eso representaría “una inversión total de 3,188 millones de pesos”. El funcionario del Servicio Nacional de Salud entrevistado por Ortega aseguró que “con todo ese dinero, tendríamos hospitales mucho mejor equipados o más actualizados en condiciones físicas de infraestructura”. Desmontemos este fake news. A partir de los datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud, veamos el reporte de los servicios y atenciones en salud en establecimientos del Servicio Nacional de Salud.
Como se puede observar en los recuadros, en los servicios de salud que son requeridos con mayor frecuencia, y que representan un mayor gasto, la comunidad inmigrante recibe menos del 10% de los servicios prestados. Estos son: consultas externas, emergencias y laboratorios. En el caso de los partos, las mujeres inmigrantes representan poco más de una cuarta parte del total.
Recordemos que el gasto en salud abarca además gastos en materiales, salarios, infraestructura, y otros apartados que no dependen del volumen de pacientes atendidos en los hospitales públicos, nacionales o inmigrantes. Por lo cual un 9 o 10% de pacientes inmigrantes no equivale a un 10% del gasto en salud, sino una cifra mucho menor.
El ministro sube la apuesta
Tratando de contrarrestar la reacción adversa a la represión contra las mujeres embarazadas inmigrantes, el mismo 12 de noviembre en que esa noticia recorría el país, el ministro de Salud, Daniel Rivera, inventó otra cifra aún más absurda. Subió la cifra del gasto en atención en salud a 10 mil millones de pesos, y ya no solo supuestamente para toda la comunidad inmigrante, sino exclusivamente para las migrantes embarazadas. De nuevo, los medios de comunicación aliados del gobierno, las nuevas bocinas, se lanzaron como buitres a alimentarse de esta noticia falsa.
Rápidamente se demostró que el ministro miente. El ex director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa evidenció la imposibilidad de la cifra, llamando la atención sobre el hecho de que el propio Ministerio de Salud calcula el costo de cada parto en 5 mil pesos para un parto vaginal y entre 7 y 8 mil pesos para un parto por cesárea. Según la actual directora del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Franka Valois, el costo de un parto vaginal es de 7 mil pesos y por cesárea alrededor de 11,5 mil pesos. Sin embargo, si tomamos como referencia los 24,476 partos registrados oficialmente hasta septiembre, el costo promedio correspondiente a la cifra falsa del ministro sería de más de 400 mil pesos por parto. En un país con medios de comunicación independientes, una oposición parlamentaria y un movimiento sindical autónomo, el ministro de Salud tendría que renunciar por sus escandalosas mentiras.
Hay otros aspectos de la propaganda derechista que hay que desmentir. Abinader y sus ministros presentan a las mujeres haitianas embarazadas como si todas vinieran al país a dar a luz, pero el 76% de las mujeres embarazadas haitianas, según la UNFPA, se realizan más de cuatro chequeos médicos antes del parto y residen en el país. El argumento de que las mujeres dominicanas no pueden acceder a camas en los hospitales debido a que las ocupan mujeres inmigrantes también es falso. Chanel Rosa explicó que la ocupación promedio de camas en los hospitales es de 50%, llegando a 80% en los hospitales más ocupados.
Ni se destina 40% del gasto en salud pública a la comunidad inmigrante, ni se ha gastado RD$10 mil millones en partos de mujeres inmigrantes haitianas, ni es culpa de la comunidad inmigrante que los hospitales estén en mal estado
El único culpable es el gobierno. La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su artículo 24, ordena destinar para el 2020 una inversión equivalente al 4% del PIB en gasto público en salud. En el Presupuesto general del Estado del año 2021, el presupuesto de salud fue alrededor de la mitad de ese porcentaje. Abinader viola la ley al no invertir lo que debe en salud pública, desvía la atención hacia un chivo expiatorio, las mujeres embarazadas haitianas, y luego viola nuevamente la ley al secuestrar a estas mujeres dentro de los hospitales para para fines de expulsión sumaria del país. Pero eso no es todo. Abinader tiene previsto un recorte de RD$ 24.8 mil millones para el presupuesto de salud del año 2022, mientras este año ha desviado más de 770 millones de pesos de los fondos de la seguridad social para pagar a las ARS. La verdadera carga, que es el negocio de la salud privada subsidiada por el Estado, es cada vez mayor y obtiene ganancias obscenas. En lo que va de año las ganancias de las ARS superan los 3,4 mil millones de pesos.
Como resulta obvio, todas estas políticas son responsabilidad exclusiva del gobierno. Organizaciones como ADESA vienen señalando desde hace varios años la insuficiencia presupuestaria como un problema crónico del sistema de salud pública. Es necesario desenmascarar que los sectores racistas, xenófobos y supuestamente nacionalistas, le hacen el juego a la política gubernamental de subsidiar al capital y recortar el gasto en salud pública.
Es urgente que el Colegio Médico Dominicano, La Asociación Nacional de Enfermería y otras organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos unamos esfuerzos para defender la salud pública de los ataques de Abinader y defendamos a las mujeres inmigrantes de la represión del gobierno.
