A petición del Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral (JCE), un tribunal del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a un ciudadano haitiano que intentó adquirir la cédula de identidad en el país, utilizando para ello el acta de nacimiento de un dominicano que falleció cuando era menor de edad.
El juez Pablo Imbert, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la medida de coerción a Francois Onel, el cual adquirió el acta de nacimiento del menor tras adelantarle a la madre la suma de RD$5 mil, de un total de RD$20 mil que acordó pagarle para utilizar el documento en la expedición de la cédula de identidad.
Onel, quien cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, está vinculado a delitos de suplantación de identidad y uso de documentos falsos, mediante la utilización del acta de nacimiento de Clinton César Rodríguez Matos, quien falleció cuando tenía un año de edad.
La coimputada Francisca Matos Matos, de nacionalidad dominicana, quien entregó al encartado el documento de su hijo fallecido, recibió como medida de coerción la obligatoriedad de presentación periódica ante el Ministerio Público los días 30 de cada mes por un período de seis meses e impedimento de salida del país.
Esther M. González Peguero, procuradora fiscal titular ante la Junta Central Electoral, tiene a cargo la litigación del caso, además de encabezar la investigación que lleva a cabo en coordinación con el Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Civil de la JCE.
La solicitud de medida de coerción señala que para cometer los hechos los imputados Francois Onel y Francisca Matos Matos se presentaron al centro de servicios de la Junta Central Electoral, ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina avenida Luperón, en el Distrito Nacional.
Específica que Matos alegó ser la madre de Onel; sin embargo, al presentar la documentación y realizarse la verificación correspondiente en el sistema, el personal de la Junta detectó que el hijo de la imputada ya había fallecido.
La institución del sistema de justicia indicó que ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones de los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 8 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral.
Un comunicado de prensa resalta que las autoridades del Ministerio Público y la Junta Central Electoral continúan trabajando en el combate de esa actividad ilegal y destacó que varios dominicanos y extranjeros han sido apresados y sometidos a la justicia este año y cumplen ahora diferentes medidas de coerción.
La institución recordó que el pasado mes al ciudadano haitiano Deiby Joseph o Deivy le fue impuesta una garantía económica de RD$20 mil y presentación periódica por delitos de suplantación de identidad y uso de documentos falsos.
Agregó que en septiembre pasado el Ministerio Público también logró que un tribunal de Hato Mayor dictara una condena de cinco años de sanción penal bajo reglas contra Fernelis Batista Santos, quien igualmente incurrió en esos delitos.