Promete hacer público auditorías, investigaciones especiales e informes, al finalizar el año.
SANTO DOMINGO.- A través de un comunicado la Cámara de Cuentas de República Dominicana informó que se apega al estricto cumplimiento de la ley y las políticas institucionales e interinstitucionales encontradas en este órgano, al limitar entrega de auditorías que pudieran afectar algunas investigaciones.
En ese sentido explicaron que sobre la información divulgada a finales del pasado mes de octubre, relativa a la aprobación de políticas de información clasificada, es necesario aclarar que: en fecha 9 de marzo de año 2021, el pasado Pleno de esta institución emitió la decisión Número DEC-2021-024, la cual indica el índice de los documentos e informaciones clasificadas la cual comprenderá el período 2021-2025.
Agregaron que esa disposición constituye la norma vigente hasta tanto intervenga una modificación o revocación, aunque el actual pleno está en proceso de actualización de todas las políticas y procedimientos internos a los fines de ajustar de conformidad a los objetivos y metas planteados, cónsonos a la Constitución, la ley 10-04 y a la transparencia con la que estamos comprometidos.
El comunicado expresa que la institución trabaja sin descanso en la conclusión de una gran cantidad de auditorías incluidas en el Plan Anual y a pesar del breve plazo transcurrido, antes de concluir este año, emitirá y hará público una importante cantidad de auditorías, investigaciones especiales e informes.
Finalmente, resaltaron que esta gestión avanza en el fortalecimiento institucional, actualización de guías y procedimientos de trabajo de conformidad a las mejores prácticas y normas internacionales que rigen el accionar de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), la adquisición de equipos tecnológicos, licencias, incorporación del personal requerido, con las capacidades necesarias, para lograr un desempeño histórico en el año 2022.
Se recuerda que los legisladores de las distintas bancadas exhortaron a la Cámara de Cuentas a no negarse a publicar las auditorías que realice a las instituciones bajo la excusa del mandato que establece el artículo 17 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
