El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), la Asociación para la Educación del Consumidor (ADEPROCO) y la Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional (ACACSISNA), entidades que elevaron un recurso en contra del alza de la tarifa eléctrica, informan que el aumento en las facturas por consumo de energía ensancha la brecha de la desigualdad, y carga sobre los sectores más vulnerables el peso económico de la medida.
La tarifa que regirá desde este primero de noviembre, y que se elevará nuevamente en enero, implica que serán afectados los que menos consumen: para los que consumen hasta 100 kilovatio por hora el incremento mensual será de 5.2%, tasa que baja dramáticamente a 0.28% a los que consumen más de 1,000 kwh. Esto significa que la clase media y media baja que paga el servicio de electricidad en sus hogares y negocios, sufren un incremento de la tarifa de casi 19 veces con respecto a los de más ingresos.
El Pacto Eléctrico se firmó al margen del sector social,lo que ilegitima la validez de este, ya que la ley que lo crea, la 142-15 y lo establecido en articulo 251 de la Constitución dejan bien claro que las decisiones deben ser asumidas por consenso.
La ausencia del sector social en la firma del Pacto Eléctrico es un indicador de que se violaron los principios y valores que fundamentan al Consejo Económico y Social (CES), los cuales se basan “en la paz social a través del diálogo franco, abierto y participativo”.
Seguro que el sector social legítimamente representado no iba a firmar un Pacto que elevara la tarifa eléctrica cada tres meses y cuya carga económica la pagaran los sectores más vulnerables y las pequeñas y medianas empresas.
La situación no es distinta para las pequeñas y medianas empresas porque las que consumen menos de 100 kwh tendrán un incremento de 2.28%, mientras que las que consumen más de 1,000 kwh el incremento solo será de 0.15%, es decir que para los pequeños empresarios el incremento es de más de 15 veces que el de los grandes negocios.
Visto así, y comparándolo con el espíritu de la ley y la Constitución de la República, el alza de precio es contradictorio con la Justicia Social y atenta contra la dignidad de los pobres del país.
La finalidad del CES es promover la paz social, pero con decisiones como las que dieron origen al Pacto Eléctrico, y al alza en las facturas por consumo de electricidad cada tres meses, en los próximos 5 años, es evidente que el Consejo solo se escuchóal sector económico poderoso y dominante. Al parecer, el Consejo se olvidó del carácter social de ese espacio para el ejercicio de la democracia y la justicia social.
