SANTO DOMINGO.- El titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, valoró como positiva la iniciativa de República Dominicana, Costa Rica y Panamá que procura el desarme y pacificación de la población haitiana, así como el fortalecimiento de la seguridad para la celebración de elecciones libres y transparentes en esa nación.
Refirió que eso tendría resultados positivos si esa iniciativa se acompaña del apoyo y la ayuda de la comunidad internacional para buscar una salida a la crisis sanitaria y económica que vive ese país.
El dirigente político expresó que Haití necesita abocarse a una serie de transformaciones que tengan como fin crear instituciones sólidas que contribuyan con el desarrollo material y social de esa República.
“Nosotros entendemos que se debe pasar de la palabra a los hechos, ya que estas son propuestas que se han planteado una y otra vez y la comunidad internacional se mantiene indiferente a la situación de Haití”, manifestó Pichardo.
En ese orden agregó que la crisis haitiana se está convirtiendo en un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos y un problema de seguridad para la región, porque ya la cuestión migratoria no solo afecta a la República Dominicana sino que se han creado corredores que atraviesan todo el continente, desde el extremo sur hasta Canadá.
Se recuerda que en las últimas décadas Haití se ha visto matizado por la desestabilización política, social y económica, situación que ha empeorado los últimos meses con sucesos tales como la ejecución de su presidente Jovenel Moïse y el recrudecimiento de la violencia a manos de las bandas que azotan ese país día y noche causando desestabilización y desasosiego.
Hace 11 años que el país fue devastado por uno de los desastres naturales más importantes de la historia reciente, un terremoto de magnitud 7 que tuvo epicentro en Léogâne, a unos 15 kilómetros al suroeste de la capital, Puerto Príncipe.
La ONU estima que casi 4 millones de haitianos, entre una población de cerca de 11.5 millones, padece inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de dos millones de personas, se ha visto forzado a emigrar.
