La Digeig depositó ante la Secretaría del Ministerio Público la documentación sobre los casos que involucran a la ONDA y a la DGII
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recibió en su despacho a la titular de la Dirección Nacional de Ética Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, quien presentó al Ministerio Público dos denuncias de supuestos actos de corrupción administrativa en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Germán Brito recibió a Ortiz Bosch en compañía del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), órgano del Ministerio Público que encaminará las diligencias de investigación de las dos denuncias.
Luego de conversar con la magistrada Germán Brito y Camacho, el equipo jurídico de la Digeig y Daviana Bello Yapor, encargada del departamento de investigaciones de denuncias de esa entidad, procedieron a depositar ambas denuncias ante la Secretaría General del Ministerio Público, que encabeza Claudia Tejada.
La magistrada Germán Brito garantizó a Ortiz Bosch que el Ministerio Público, “seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para investigar los casos de corrupción en cumplimiento de su compromiso ante la sociedad y como una forma de contribuir a una democracia justa”.
En una de sus comunicaciones a la procuradora general, Ortiz Bosch explica que recibió dos solicitudes de intervención, en enero y en julio de este año, sobre una denuncia referente a “una supuesta corrupción administrativa, dualidad de funciones, abuso de poder, cohecho y delito tributario en la Dirección General de Impuestos Internos”.
Respecto a la ONDA, explica que la Digeig recibió, el 4 de agosto de 2020, una solicitud de intervención sobre “una supuesta mafia y desviación de fondos e incumplimiento de los pagos atrasados a los empleados nombrados en el período 2017 en la Oficina Nacional de Derecho de Autor”.
En ambas comunicaciones, la funcionaria pide la intervención del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.
