La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, conoce este martes el conocimiento de coerción contra los 23 implicados de pertenecer en una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por la Operación Falcón.
El Ministerio Público continúa presentando el expediente acusatorio contra estos imputados.
Los fiscales adjuntos, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso informaron en el dia de ayer que aportarán 350 pruebas contra los implicados en caso Falcón.
En ese mismo sentido, el procurador adjunto Camacho, informó que la coerción sería presentada en dos partes, primero cómo operaba la red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón, y en un segundo momento el rol de cada uno de los imputados dentro de la organización criminal.
Esta organización criminal tenía como principal actividad el tráfico de miles de kilos de drogas, específicamente cocaína, desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Puerto Rico y varios países de Europa.
La red de lavado desmantelada con la Operación Falcón manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad, específicamente el caso de un legislador que intentó eludir a un extraditable del cerco que habían establecido las autoridades.
Los investigadores estiman que la red traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, aunque hay registro de actividades criminales de este entramado desde antes de la fecha. También se intensificaron las operaciones a partir de 2017.
La red tenía como centro de mando y control la provincia de Santiago, en República Dominicana, funcionando con un esquema propio de una mafia, en el que se involucra a los miembros de la familia en toda la operación criminal.
