La defensa técnica del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, rechazó este miércoles la decisión de las juezas de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que le ractificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres por 18 meses.
El abogado Carlos Balcalcer, quien junto al equipo de la defensa de Rodríguez había sometido un recurso de apelación para que se anulara la decisión de la jueza de primera instancia, Kenya Romero, anunció que someterán un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, alegando aspectos de inconstitucionalidad.
Aseguró que en la decisión de las magistradas Dorys Pujols, Carmen Mancebo y Deisy Montás, hay una incongruencia, ya que admitieron que a su cliente se le violentaron sus derechos en primera instancia y en lugar de remediar al daño lo ratificaron la decisión de la magistrada Romero.
En tanto, que el Ministerio Público reiteró que la decisión de la corte es una muestra de que el caso Medusa está blindado.
Las juezas motivaron su decisión sobre la base de que la magistrada Kenya Romero actuó apegada a la Constitución y las leyes, además de que el Ministerio Público mantiene abierta la investigación sobre el caso y su estadía fuera de la cárcel puede entorpecer el proceso.
El exdirector de informática de la Procuraduría General de República, Javier Forteza Ibarra, también buscaba junto a Jean Alain Rodríguez que se le variara la medida de coerción por una menos gravosa.
Durante la audiencia, que inició ayer martes en horas de la mañana, el exprocurador se defendió de la acusación que le hizo el Ministerio Público, argumentando que está preso por venganza, no porque haya cometido delito alguno.
Al agotar su turno, el exfuncionario alzó la voz y le dijo al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, que “si van a mentir mientan con honor” y revelen los nombres de las personas que ellos dicen que recibieron sobornos en la Procuraduría en la gestión que encabezó.
Estos señalamientos al magistrado generaron una fuerte discusión entre ellos dos, a la que más adelante se agregó la directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso.
Mientras que el exdirector de Informática de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra negó haber borrado pruebas electrónicas, como lo estableció el Ministerio Público, y que la desaparición de los documentos en el sistema se debió a un ataque cibernético.
De acuerdo con el Ministerio Público, Forteza sólo aportó como elemento nuevo al proceso tres certificados médicos, los cuales no son tomados en cuenta de acuerdo a la legislación por no tratarse de una enfermedad catastrófica o terminal, sino, que es una dieta, que según el Ministerio Público, en la cárcel cuenta con ella, y una cirugía bariátrica que el imputado se practicó.
Además del exprocurador y Forteza, también las figuran como imputados en el caso Medusa: Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Durante la celebración de la audiencia de conocimiento del recurso de apelación, la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que Rodríguez destruyó cientos de pruebas y que en el lugar donde quemaban las drogas también fueron incineradas cientos de pruebas durante la transición, además, de que en la misma Procuraduría había una unidad trituradora de documentos.
