Un total de tres demandas fueron interpuestas por el Centro Jurídico Batía Ramos, encabezado por el jurista Oliver Batía, en representación de 13 servidores públicos que fueron desvinculados de forma irregular.
Las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, fueron embargadas mediante acto de retentivo, No. 1293/2021, en atención a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo No. 030-1643-2021-SSEN-00325.
En primer lugar, la sentencia declara regular la demanda del señor Gregorio Silverio Camberro, contra el Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos y el señor Alcalde Cristian Encarnación, en cuanto a la forma. Segundo, acoge en cuanto al fondo el recurso sometido, en consecuencia ordena al Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos efectuar el pago de los siguientes valores:
“La suma de RD$595,000.00, en virtud de indemnización económica contemplada en el art. 60 de la Ley de Función; El monto de RD$48,454.08, por concepto de vacaciones no disfrutadas correspondientes al año 2020; La cantidad de RD$17,500.00, como proporción del salario de navidad correspondientes al año 2020; todo calculado sobre la base mensual ascendente a RD$35,000 y un tiempo de labor de 16 años y ocho meses, para un monto total de RD$660,954.08”, establece la sentencia.
En tercer lugar: Excluye del proceso al señor Alcalde Cristian Encarnación, al tiempo que en cuarto término declara el proceso libre de costas. Quinto, la sentencia ordena informar a todas las partes en conflicto y la Procuraduría General Administrativa. Por último, se ordena publicar en el boletín del Tribunal Superior Administrativo.
Son 13 los demandantes
La sentencia que se describe más arriba es la primera de tres interpuestas por un total de 13 demandantes.
Batía Ramos ha ganado varias sentencias laborales contra el Estado
Recientemente, un total de 113 empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste recibieron más de 8 millones de pesos en pago de sus prestaciones laborales, a través de esta oficina. En ese orden, este centro jurídico está representando 150 servidores públicos cancelados por el Ministerio de Obras Públicas y 23 servidores de Carrera Administrativa en litis contra el INPOSDOM.
