El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de proveer coberturas de servicios de salud a los ciudadanos que pertenezcan a organizaciones comunitarias y juntas de vecinos a nivel nacional, a través del Régimen Subsidiado de SeNaSa.
Este convenio fue firmado en la sede central de la ARS Estatal y estuvo encabezado por el Dr. Santiago Hazim, director ejecutivo de SeNaSa, y Rolfi Rojas Guzmán, presidente Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, en presencia de directivos de ambas instituciones.
El Dr. Santiago Hazim indicó que “esto más que un acuerdo es un compromiso con el pueblo dominicano, sobre todo con esos ciudadanos que realmente necesitan nuestra protección mediante un seguro de salud digno que les garantice tranquilidad y la certeza de que tanto ellos como sus familiares estarán resguardados”.
“Es nuestra responsabilidad apoyarles y les aseguro que durante mi gestión tendrán en todo lo que necesiten para continuar brindando lo que le corresponde a cada uno de los dominicanos”, agregó.
Por su lado, Rolfi Rojas Guzmán, presidente de la Comisión, indicó que “es motivo de gran satisfacción para nosotros el poder firmar este acuerdo tan importante para los barrios, lo que nos permitirá darles el apoyo que tanto necesitan esas personas en estado de vulnerabilidad y así mejorar su calidad de vida, lo cual es parte del compromiso social que tenemos en este gobierno”.
Acuerdo entre las partes
Con este convenio ambas instituciones se comprometen a apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades, para el buen funcionamiento del mismo, designar los representantes para coordinar su ejecución, debiendo presentar informes anuales sobre los resultados y logros obtenidos.
De igual forma, establecen un vínculo de cooperación interinstitucional que permita la realización de actividades de interés común de tipo académico, investigativo, difusión de la cultura o de transferencia de conocimiento siempre que se encuentren relacionadas directamente con las finalidades de las instituciones suscribientes y propicie el aprovechamiento racional de sus respectivos recursos.