Santo Domingo.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, exhortó a los periodistas a luchar de manera permanente por preservar el espacio de garantía y la ampliación de los derechos para el ejercicio del periodismo.
El director del periódico El Nuevo Diario disertó en las clases virtuales del Diplomado de Periodismo Ético sobre el tema de las convenciones internacionales y el periodismo local. La capacitación es organizada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio Dominicano de Periodistas, así como los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
En ese sentido, Maldonado abordó 13 puntos, entre estos la Constitución Dominicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre 1948, la resolución 684 del 27 de octubre de 1977, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos auspiciado por las Naciones Unidas; el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, el Código Procesal Penal y la Ley 6132 del 15 de diciembre de 1962 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
También la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología entre otros. Asimismo, la Declaración de Chapultepec, la Declaración de Salta y el tema de las plataformas digitales y los medios de comunicación.
Maldonado, quien forma parte del comité asesor y de selección del Diplomado de Periodismo Ético, entiende que a todo ciudadano que busque una información tiene que estarle garantizado su secreto profesional y la cláusula de conciencia. “De manera extraña la Constitución habla de garantizarle al periodista, y lo cierto es que esa ha debido ser una garantía para todos los ciudadanos”, manifestó.
Indicó que este aspecto de la cláusula de conciencia se refiere más al orden de las prestaciones laborales más que a los derechos ciudadanos. Precisó que esta no es una cláusula que tiene la Constitución Dominicana, y por tanto, ningún ciudadano pudiera alegar en el país esa opción en caso de que el Estado Nacional le quiera obligar a ejercer una acción que sería contrario a su conciencia.
