Este 30 de agosto el juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, conoció la objeción a la decisión de archivo que hiciera el Ministerio Público ante la querella contra los consejeros del Poder Judicial que aprobaron las resoluciones que organizan la opción de la virtualidad, emitidas al inicio de la pandemia.
La Procuraduría General de la República había decidido archivar, estableciendo que “en el presente caso no hay delito que perseguir, ya que ante la no existencia de evidencias ni pruebas, que pueda constituir el elemento que fundamenta la persecución penal, estamos impedidos de formular requerimiento acusatorio” También la procuraduría considero en su dictamen que los hechos alegados son inexistentes, toda vez que las autoridades acusadas de cometer delitos penales habían actuado conforme a sus roles, atribuciones y funciones
Entre los presentes en la audiencia, se encontraba el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, los jueces Nancy Salcedo, Fernando Fernández, Etanislao Rodríguez, Leonardo Recio Tineo, y la doctora Gervasia Valenzuela. También estuvo presente el grupo de usuarios opuestos al avance de la tecnología al servicio de la eficiencia en los tribunales.
La presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia es un testimonio del compromiso con el Estado de Derecho y una muestra de la prevalencia del principio de igualdad ante la ley que impera en el sistema jurídico dominicano.
En una república es normal que ciudadanos hagan uso de los derechos que le asisten para cuestionar por las vías abiertas las acciones de los servidores públicos, aunque las mismas no tengan mérito, pues una acción pública solo puede ser investigada por el Ministerio Público. El rol de los tribunales es, precisamente, determinar en buen Derecho, la validez o no, según criterios formales y las valoraciones de los elementos probatorios.
