El director de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, reveló este viernes que durante la revisión de la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre y los otros cinco implicados en el caso Coral, presentaron evidencias de que las armas que les fueron incautadas no tienen registro de entrada a la República Dominicana, “lo que agrega el delito de tráfico de armas en este proceso”.
Camacho agregó que el Ministerio Público presentó pruebas de destrucción de pruebas en CESTUR, además de “pagos millonarios a empresas que simularon suplir bienes que no se cumplieron”.
La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, le ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva a todos los implicados en el caso.
De inmediato, los abogados de la defensa reaccionaron inconformes con la decisión de la magistrada, alegando que actuó por miedo al Ministerio Público, al tiempo que advirtieron que apelarán la decisión ante la Corte de Apelación y el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, el abogado Héctor López, representante legal de la pastora Rossy Guzmán y Tanner Flete, aseguró que sus clientes están presos de manera ilegal, debido a que no se le revisó la medida de coerción el día 10, que era la fecha correspondiente y por consiguiente, quedan en libertad automáticamente, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.
Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que la medida de coerción les fue ratificada en virtud de los nuevos elementos probatorios, los cuales “la defensa no pudo debatir”.
Los demás implicados en el caso Coral son: Rossy Guzmán, Tanner Fleta Guzman, Rafel Núñez de Aza, Alejando Montero Cruz y Raul Alejando Girón, quien guarda prisión domiciliaria. Los demás están recluidos en Najayo.
