La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva al general Adán Cáceres Silvestre y los otros cinco implicados en el entramado de corrupción Coral.
De inmediato, los abogados de la defensa reaccionaron inconformes con la decisión de la magistrada, alegando que actuó por miedo al Ministerio Público, al tiempo que advirtieron que apelarán la decisión ante la Corte de Apelación y el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, el abogado Héctor López, representante legal de la pastora Rossy Guzmán y Tanner Flete, aseguró que sus clientes están presos de manera ilegal, debido a que no se le revisó la medida de coerción el día 10, que era la fecha correspondiente y por consiguiente, quedan en libertad automáticamente, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.
Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que la medida de coerción les fue ratificada en virtud de los nuevos elementos probatorios, entre ellos, la destrucción de pruebas de CESTUR. Además, de que las armas incautadas no cuentan con registros, lo que es tipificado como tráfico de armas.
Los demás implicados en el caso Coral son: Rossy Guzmán, Tanner Fleta Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejando Montero Cruz y Raúl Alejando Girón, quien guarda prisión domiciliaria. Los demás están recluidos en Najayo.
