La directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch, informó que la entidad no tiene atribuciones judiciales y que la denuncia de la supuesta extorsión del Ministerio de Educación (Minerd) en pago de prestaciones laborales a desvinculados, “está donde debe estar”, en la Procuraduría General de la República (PGR).
“La hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia”, agregó Ortiz Bosch en un comunicado.
El comunicado dice que tranquiliza conocer que a través de los abogados la ciudadana Diolandita Cabrera, exempleada, haya tramitado a la Procuraduría General, la denuncia que se conoció ayer miércoles.
“A esa tranquilidad sumamos la declaración del Ministerio de Educación de colocarse, como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma. Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos”, agrega.
Explica que la denuncia de extorsión a 39,500 servidores públicos con RD$30,000.00 cada uno, alcanza la suma de 1,185 millones de pesos. “Es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana. Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado. Investigación que sería un aporte a las políticas de transparencia que ha venido aplicando el gobierno desde que inició sus funciones.”, manifiesta el documento.
“La tranquilidad que motiva esta declaración está originada en las disposiciones del Decreto 486-12 que limita nuestras funciones a tramitar las investigaciones que, estudiadas y calificadas como penales por nuestra Dirección de Investigaciones deben ser referidas a la Procuraduría General”, termina la carta.
Se recuerda que ayer miércoles, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (MINERD), licenciada Dilia Stephany Ubiera Sosa, descartó que a desvinculados se les esté exigiendo el 30 por ciento de sus prestaciones para agilizar sus pagos, como denunciaron ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
“Si alguien lo estuviera haciendo, es un farsante, pues ningún colaborador tiene acceso a manejar todos los pasos e instituciones que conlleva el proceso”, aclaró .
Ubiera Sosa dijo que el caso de desvinculación de la señora Diolandita Cabrera fue remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP) el 17 de este mes de agosto mediante el oficio 08227, a los fines de recalcular el monto de sus prestaciones.
Explicó que el proceso para el pago de prestaciones laborales inicia cuando las personas desvinculadas se dirigen a las Regionales de Educación a las que pertenecen y depositan los documentos requeridos.
Esos documentos son la certificación laboral de la institución, copia de la cédula de identidad, certificación original de cargos de la Contraloría General de la República, el cálculo de las prestaciones emitido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la certificación de las vacaciones.
Precisó que, si una persona desvinculada solicita el cálculo de beneficios laborales a través de las Regionales del MINERD, éstos son remitidos a la sede central en Santo Domingo, D. N., para revisión, quien lo remite al MAP para firma y sello.
Finalmente, después de ser aprobados por el MAP, se vuelven a remitir al MINERD para completar el expediente y ser despachados al Departamento de Nómina, los cuales trabajan en coordinación con la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional para fines de pago.
“Cuando la Contraloría revisa el expediente y lo aprueba, pasa a la Tesorería General de la Nación para que autorice las transferencias bancarias, es decir, el servidor desvinculado recibe su pago en su cuenta de nómina, por lo que desde el MINERD no se pueden agilizar pagos individuales o agilizar expedientes, ni mucho menos pagos”, afirmó la directora de Recursos Humanos.
Al respecto, la licenciada Dilia Stephany Ubiera Sosa enfatizó que “No hay ninguna probabilidad de que un colaborador del Ministerio de Educación incida en el pago de las prestaciones, ya que tanto el MAP, la Contraloría como la Tesorería reciben lotes de expedientes y no expedientes individuales.
