JCE propone reducir gastos de los candidatos en campaña hasta en un 75%

JCE propone reducir gastos de los candidatos en campaña hasta en un 75%

El anteproyecto de reforma a las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral que elaboró la Junta Central Electoral (JCE) propone reducir entre un 65% y 75% el gasto tope permitido en la campaña y precampaña.

La proposición plantea que el monto a gastar para el nivel presidencial pasaría de RD$922 millones a RD$ 322 millones y en la precampaña de RD$527 millones a RD$ 131 millones.

La iniciativa introduce modificaciones a los artículos 42 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y el 204 de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, respectivamente.

La actual Ley de Partidos establece que los postulantes presidenciales pueden gastar RD$70 por electores hábiles inscritos en el registro electoral a nivel nacional y con el proyecto se busca reducirlo a RD$17.50.

Para el nivel congresual de RD$60 pasarían a RD$15 por electores, los municipales (alcaldes y directores distritales) de RD$50 a RD$12.50, mientras que RD$6.25 para regidores y vocales.

Por otro lado, plantea la paridad de géneros y la eliminación del voto preferencial en los regidores.

“La JCE a través del Pleno de miembros que la integran ha considerado que los mismos requieren de un proceso de actualización y adecuación a las nuevas realidades”, manifestó ayer Román Jáquez, presidente de la institución.

La propuesta da paso a que los partidos de nuevo reconocimiento puedan obtener la contribución económica del Estado, a los fines de competir en igualdad de condiciones.

No obstante, exige que el registro de firmantes sea completado con personas que militen en la organización política naciente.

En el caso de las decisiones de la JCE en el marco del conocimiento de propuestas de candidaturas, estas podrán ser impugnadas el Tribunal Superior Electoral, al igual que la decisión de aprobación o rechazo de pacto de fusión, alianza o coalición.

“La ley vigente solo dispone que estén sometidas a control en sede administrativa, vulnerando el debido proceso y la tutela judicial efectiva”.