La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, solicitó a mediante un documento dirigido al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, para que sean modificados por lo menos 11 puntos en materia jurídica del nuevo Código Penal aprobado por los diputados.
La magistrada manifestó que “somos conscientes de que esta iniciativa es una de las más trascendentales de las que deben conocerse en la República Dominicana en estos momentos, y desde el Ministerio Público estamos en la disposición de colaborar con las cámaras legislativas en esta importante tarea, que redundará en beneficio de la República Dominicana y de las instituciones del sistema de justicia”.
Asimismo, la procuradora general recomendó que sea eliminada la clasificación tripartita de las infracciones y propone en su lugar se utilice la denominación general de delito o conducta punible para todas las acciones típicas, antijurídicas y culpables, al ser una tendencia jurídica más acorde con los nuevos tiempos en el derecho penal sustantivo internacional.
“De igual forma, esta denominación estaría más acorde con la parte general de la presente propuesta de código, ya que con el mismo hemos dado un giro hacia el derecho penal alemán, alejándonos de la tradición francesa donde si es más propio esta división de la conducta en niveles de afectación o dependiendo la naturaleza del bien jurídico protegido”, agrega el comunicado.
Explica que igual debe considerarse la racionalidad de mantener como conductas sancionables en sede penal las contravenciones, cuando la tendencia jurídica moderna es despenalizarlas y dejar que las mismas sean sancionadas por el derecho administrativo sancionador, en especial cuando en la propuesta actual no se sancionan con penas privativas de libertad.
Al referirse a la tentativa, dice que las tendencias jurídicas modernas las castigan en función de las conductas punibles no del tipo de infracción. “En ese sentido, sometemos al debate ¿Por qué no sancionar en todos los casos las conductas punibles en las tentativas?”.
Otro punto que recomienda modificar es “la organización de las infracciones dentro de las secciones que le corresponden como, por ejemplo, la malversación de fondos que no está ubicada en la subsección del peculado o malversación; el “bullying”, que se encuentra incluido erróneamente dentro de la sección de las agresiones sexuales”.
indica que la necesidad de conciliar la descripción de la infracción de agresión sexual encuentra prevista en los artículos 132 como tipo base y 139 como agravante.
De igual manera, señala la necesidad de mantener en el proyecto el concepto de violencia contra la mujer, como tipo penal diferenciado de la violencia de género.
En lo concerniente a las infracciones contra la administración pública, dice que las descripciones, las conductas típicas deben ser revisadas a los fines de utilizar la terminología correcta y una descripción más precisa de las conductas típicas.
“Por ejemplo, en la redacción de la infracción de concusión se utiliza el término ´fraude´ al momento de precisar la conducta típica a los fines de determinar la multa aplicable, cuando lo correcto sería ¨distracción¨. El fraude es un concepto jurídico autónomo, algo que nos preocupa, es que este término es utilizado con frecuencia en la redacción del código como sinónimo de “infracción” situación que puede generar confusión”, aclara.
Miriam Germán manifiesta, que en el Código Penal , la infracción de tráfico de influencias pasivo, la descripción del tipo es muy cerrada y deja fuera la conducta del agente que tiene influencia en un tercer funcionario, en virtud de la relación primaria con el funcionario de cuya relación pretende beneficiarse, algo que en la práctica pasa con mucha frecuencia.
Dice que en la malversación, no se encuentra ubicada en la sección correcta del proyecto, que es la del “Peculado y Malversación de Fondos”, además de observar que en la descripción del tipo se utiliza la expresión “dé al dinero o bienes que administra una aplicación diferente”, en lugar de ¨haga un cambio de partida¨ que es la terminología presupuestaria correcta; de igual forma la descripción del tipo es imprecisa con respecto a los elementos que configuran la conducta; una situación similar se presenta en el tipo penal de ejercicio de funciones posterior a la suspensión o destitución”.
Por último recomienda conciliar el aumento de la escala general de las penas de multa en infracciones muy graves, para que abarque las multas impuestas en las infracciones por corrupción.
“Conciliar el aumento de la escala general de las penas complementarias, consistentes en inhabilitaciones en las funciones públicas, con las escalas de penas complementarias impuestas en infracciones de corrupción, pues estas últimas exceden con creces la escala general”, dice Miriam Germán.
