Santo Domingo.- El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Lic. Antonio Cruz, sugirió al presidente Luis Abinader, junto a la iniciativa privada, iniciar un proceso de formalización de al menos 600 mil del millón y medio de microempresas que hay instaladas en el país.
Expresó que de esta forma la meta que se ha impuesto el mandatario de crear un millón de nuevos empleos puede alcanzarse con un mínimo de esfuerzo y voluntad, al tiempo de abrirle el acceso a financiamientos a ese 90% los microempresarios que no tienen acceso a financiamiento ni a la Seguridad Social.
Dijo que, en el último encuentro con el mandatario, lo primero que dijo fue querer que colaboráramos en la creación de 600 mil nuevos empleos, propósito con el que coincidían porque crean más oportunidades de trabajo y el gobierno cobra más impuestos.
Al ser entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada domingo a las 10:00 AM por TRA Teleradio América, Cruz dijo incluso que si para lograr esa meta se requiere un presupuesto de RD$100 millones, nos comprometemos a aportar RD$70 millones, “sin tener que quitarles ese dinero a nuestros miembros”.
“Claro”, precisó el líder comercial, “eso no podemos nosotros hacerlo solo, pero sí con un equipo técnico que se encargue de gestionar esos fondos, a través de las empresas formalizadas”.
Sostuvo que esos recursos pueden provenir a través de la ley 11-92, que es la base legal del Código Tributario, en sus artículos 285 y 287, se prevé la responsabilidad social empresarial, las que actualmente sólo representa el 28%, mientras el restante 72% no lo hace “y esa parte el gobierno del Estado tiene que trabajarla”.
Indicó que esa elevada cantidad de microempresas no formalizadas, para el gobierno no existen, al no estar registradas “las facilidades para recibir fondos públicos, sólo califican las que cumplen ese requisito, por lo que no las toman en cuenta”.
Puso como ejemplo los anuncios que hace el Banco Central de que se colocarán mil millones de pesos en las mipymes, pero con la coletilla de que sólo clasifican las que tengan clasificación A y B”.
Dijo que eso quiere decir, aquella mipymes que están actualizadas y con referencias bancarias, ya que sólo se le presta a los que pueden responder a los requerimientos para devolver la cantidad de fondos facilitados.
Otra vía de agenciarse recursos es el decreto 139-98, el que norma las deducciones admitidas de las empresas, “es decir, que si una empresa tiene ganancias de RD$1,000 millones, puede destinar un 5%, para el desarrollo de proyectos favorables a sus asociados”.
“Es una forma de invertir en ellos mismos, además de que esos recursos son deducibles del pago de Impuesto Sobre la Renta”, reiteró.
El MICM
El gremialista comercial estimó que, como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes es el organismo responsable de estas últimas unidades comerciales, lo primero que la institución debe hacer es asumir e impulsar una política que le facilite su formalización.
“El MICM tiene una página virtual sobre la formalización, pero sólo entran a ella los dueños y/o sus representantes de las Mipymes que están organizadas, porque les conviene y tienen conciencia de los beneficios que reciben”, señaló.
Observó que es al propio gobierno que le conviene estimular a ese 90% de mipymes informales para que se oficialicen y le paguen impuestos, mediante la estructuración de un organismo equilibrado con representantes técnicos del Estado y el sector privado.
“Esta es la única forma de generar empleos formales, porque las mipymes no lo harán por sí solas, ni con el método que han estado usando la Dirección de Fomento y otras instituciones”, precisó.
La ayuda estatal
En otro aspecto, el fundador del Conacerd, estimó que “ya los tiempos han cambiado”, por lo que el comercio prácticamente se divide en dos: entre los que conforman la cadena de comercialización y los industriales, empresarios y productores de los artículos.
“Entre los primeros están los colmados, mini y supermarkets, supermercados, almacenes, surtidoras y otros establecimientos comerciales de servicios esenciales, los que venden día a día, a la población que realiza compras a diario”, explicó.
Dijo que en este último nivel funcionan unos 8,000 colmados que manejan la tarjeta que proporciona el programa de ayuda gubernamental conocido ahora como Supérate, la que tiene cobertura a nivel nacional.
“A estos comerciantes les ha ido muy bien durante la pandemia, porque el gobierno ha cumplido puntualmente con los recursos previamente asignados a favor de los tarjetabientes o las familias”, observó.
Sin embargo, dijo que más del 15% de los 71,000 negocios que no operan “el verifon del gobierno”, han tenido que cerrar sus puertas (casi 475 establecimientos), ya que muchos de ellos dependían de las ventas de bebidas alcohólicas.
Atribuyó esa situación a los horarios que han regido el toque de queda y las limitaciones del tiempo para permitir las ventas de bebidas alcohólicas, “lo que ha sido atropellante para ese sector comercial”.
