Los abogados de la Asociación Campesina Madre Tierra demandaron de la Procuraduría General de la República las entregas inmediatas de los bienes y activos ocupados ilegalmente a dicha entidad ya que esta es una institución legalmente constituida y que está fuera del caso coral.
Los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad afirmaron que como es de conocimiento en todo el territorio nacional y mucho más allá de sus fronteras, Madre Tierra ha sido objeto de una frenética e ilegal campaña mediática desarrollada por el Ministerio Publico con los fines de desacreditarla.
Expresaron que las instalaciones de la persona jurídica, Asociación Campesina Madre Tierra, así como el control corporativo de la misma, han sido usurpados y ocupados por personas cuyo único dato que “tenemos para su identificación es, precisamente, que se acreditan como miembros y representantes de esta Procuraduría General de la República”.
Dijeron que no pueden afirmar que dichas personas sean miembros de la Procuraduría como lo acreditan sus distintivos. “No nos consta aval jurídico alguno que permita tal afirmación pero, nos permite ensanchar las posibilidades de que lo que ocurre es otra vejación realizada por la autoridad al margen de la ley.
Sostuvieron que fuera del entendimiento de que las personas morales existen, que tienen derechos y que el marco jurídico nacional e internacional que apoya esta indiscutible realidad, no puede ser ignorado por el mismo Estado Dominicano.
Añadieron que mientras tanto, estas personas de facto pernoctan y controlan la persona moral misma, sus propiedades, operaciones y dineros… hasta los que obtienen por venta de parte de sus bienes sin otorgar recibos.
Significaron que esta situación ilegal ha traído consigo la pérdida de millones de pesos, pues las operaciones ordinarias de la Asociación Campesina Madre Tierra han sido afectadas de manera irreparable y difícil de enmarcar cuantitativamente por la señalada práctica de negociar bienes de la entidad.
Denunciaron que está recibiendo dineros en efectivos sin que figuren en los registros oficiales establecidos por ley y sin contar con controles confiables y necesarios para auditar ulteriormente estos manejos financieros de particulares.
Solicitaron al MP disponer asimismo de una exhaustiva investigación en torno a la amanera en que se está administrando dicha entidad desde que fue secuestrada en franca violación las leyes nacionales.
Precisaron que Madre Tierra ha tenido que ir descubriendo alarmantes realidades en torno al hecho denunciado que sin dudas, justifican la realización de serias investigaciones y categóricos resultados al respecto.
Revelaron que la misma Procuraduría General de la República impidió a la Asociación hacerse representar por un abogado que, con la premura propia de la desinformación, pretendiera asumir su representación en la audiencia de cuyo estrado fuera obligado a bajar.
Afirmaron que la Asociación Campesina Madre Tierra es a quien la Procuraduría impidió siquiera que un abogado le representara. Pasó por alto que la única manera en que ello podía ocurrir era si, previo al inicio de dicho proceso la misma autoridad desistía en cuanto a ella de la instancia.
Señalaron que no es como alguien propuso: que era necesario esperar que la Procuraduría concluyera para definir si la presencia o no de un encartado por ella ameritaba su defensa por ministerio de abogados.
Expresaron que mientras no le permitían defenderse como persona jurídica, frente al extendido auditorio conformado por la teleaudiencia nacional e internacional, la Procuraduría desataba sobre Madre Tierra todo tipo de acusaciones falsas en uno de los procesos y manejos de la autoridad más vejatorios de nuestra historia judicial.
Sostuvieron que es inaudito que el MP como gestor del respeto a todas las derivación.
