El abogado constitucionalista y profesor universitario Cristóbal Rodríguez, cuestionó la noche de este martes, sobre si el Estado puede imponer la obligación de vacunarse contra la COVID-19 y si podrían aplicarse sanciones contra aquellos que incumplen las directrices del gobierno para combatir la pandemia.
Rodríguez dijo que quienes se oponen a que se establezca con carácter obligatorio la vacuna contra el COVID-19 parte del supuesto de que disponen del derecho a la libertad de elección, están en un error, puesto que en términos jurídicos, la primera herramienta de convivencia en una sociedad democrática son los derechos y la segunda sus límites, por lo que la idea de que todo derecho tiene límites obedece a una cuestión sencilla de convivencia social.
El jurista se expresó por medio de su cuenta de Twitter, donde explicó, en una secuencia de mensajes, que en la mayoría de las circunstancias, el ejercicio de los derechos de unos solo es posible si los demás encuentran límites al ejercicio de los suyos.
“Esos límites los impone el legislador, teniendo como barrera la razonabilidad de tales restricciones”, escribió.
Invitó a los que no comparten su idea, a analizar la previsión que faculta obliga al Estado a “velar por la protección de la salud de todas las personas” y procurar “los medios para la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades” con la relativa al “bienestar general y los derechos de todos”.
Es por eso que la Ley General de Salud, si bien reconoce como un derecho el de “decidir, previa información” la aceptación o rechazo de asumir un determinado tratamiento” establece como excepción “los casos que representen riesgos para la salud pública”.
“En el caso concreto que nos ocupa, la protección de la salud y la vida es un deber a cargo de las autoridades del sector en la medida en que se trata de derechos fundamentales”, acotó Rodríguez.
Con los graves riesgos que para la vida de los contagiados representa un sistema colapsado, entiende que el gobierno no solo puede disponer la obligatoriedad de la vacuna en el caso del COVID-19, sino que está facultado además para tomar una serie de decisiones como las que ha venido adoptando.
“Todas esas condiciones se cumplen. Por tanto, si el gobierno decidiera hacer obligatoria la vacunación contra el COVID dispone de una amplia base constitucional y legal para sustentarla”.
