La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), condenó el cierre y liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), como anunciara el gobierno, el pasado viernes, por la Comisión Liquidadora de la CDEEE, presidida por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y conformada además por el de Hacienda, Jochi Vicente, y el consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta, todo ello según, en abierta y franca violación a la institucionalidad y constitución de la república.
La FJT, destacó la improcedencia e ilegalidad, que supone mediante un decreto del poder ejecutivo, concretamente el 342-20 del pasado 16 de agosto, uno de los primeros de la actual gestión gubernamental, se pretenda eliminar una institución concebida mediante la ley General de Electricidad No. 125-01, en cuyo artículo 138, se prevé la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El presidente de Justicia y Transparencia Trajano Potentini, explicó que se trata del más elemental de los principios jurídicos, a nivel de la jerarquía normativa, donde constituye una verdad absoluta y sin cuestionamientos, el hecho de que las leyes están por encima de los decretos, en consecuencia, se hace imposible en el plano institucional, eliminar por decreto una institución que ha sido establecida por una ley, como lo sería el caso ocurrente.
Califica de precedente peligroso el cierre de una institución por decreto anulando las facultades del congreso. Para la entidad cívica, estaría en presencia de un precedente peligroso, anulando en temas trascendentes, las facultades del Congreso Nacional, único poder del estado, facultado para con otra ley, modificar o eliminar la CDEEE.
FJT advierte al gobierno de la nulidad de todos los actos jurídicos ejecutados para el cierre de la CDEEE.
Asimismo, Justicia y Transparencia advirtió al gobierno, que todos los actos que realicen sin el amparo de una ley, estarán plagados de nulidad absoluta, por violar las leyes y la propia constitución de la república, cuando en los artículos 138 y 139, hace mandatorio el imperativo del sometimiento pleno de la administración pública a la legalidad, entre otros principios ausentes del lamentable accionar del gobierno.
La entidad de sociedad civil llamó al gobierno dominicano a la reflexión, sobre todo a enrutarse por la legalidad, sin atropellar un proceso, que afecta derechos de empleados y suplidores, además del manejo y destino de contratos e intereses, que envuelven miles de millones de dólares, sin contar el traspaso a las EDES de contratos y responsabilidades, concebidas fuera del entorno ordinario de las institucionalidad, máxime por tratarse de empresas que poseen una estructura privada, aunque de capital estatal en el momento, circunstancia que podría cambiar con el simple hecho de vender acciones.
Finalmente, Potentini instó al sector social a estar atento, con la ola privatizadora que viene gestándose, bajo diversos mecanismos como el fideicomiso anunciado en punta catalina y las perturbadoras liquidaciones y cierre de empresas que vienen ejecutándose, casos y procesos que indefectiblemente la fundación en la próxima semana, llevará a los tribunales de la república, para restaurar la institucionalidad.
