El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que el contrato con la farmacéutica Pfizer aprobado ayer en el Congreso Nacional y promulgado hoy por el Poder Ejecutivo sustituye el anterior, del cual no había adelantado ningún pago.
Agregó que el acuerdo anterior con la farmacéutica no llegó a formalizarse, debido a que no había sido aprobado en el Congreso ni promulgado por el ejecutivo, por lo que el hecho de no recibir los lotes de vacuna no constituye una violación, ya que no existía un compromiso formal.
A continuación el documento leído por el consultor jurídico, junto al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y la vocera de la Presidencia Milagros Germán.
Sobre la contratación con Pfizer
El Estado dominicano inició negociaciones con Pfizer a finales del año 2020, cuando su vacuna todavía estaba en desarrollo, proceso durante el cual se acordó celebrar con la farmacéutica dos contratos sucesivos: uno preliminar, que establecería los términos generales de contratación; y otro definitivo, a partir del cual se comenzaría a ejecutar tanto el pago como la recepción de la vacuna.
Debido al tipo de obligaciones asumidas por el Estado, ambos contratos fueron remitidos al Congreso Nacional: el primero, denominado Pliego de Condiciones Vinculante, fue aprobado mediante la resolución núm. 9-21, del 29 de enero de 2021; y el segundo, denominado Contrato de Fabricación y Suministro, fue aprobado mediante la resolución núm. 116-21, promulgada por el presidente de la República el día de hoy, 18 de mayo de 2021.
Habiéndose agotado finalmente el proceso de suscripción y aprobación congresual del contrato definitivo con Pfizer, es a partir de este momento que se comenzará a ejecutar tanto el pago como la recepción de esta vacuna. Este último contrato reemplaza íntegramente al primero, del cual recoge los términos ya suscritos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo a inicios de este año, con la salvedad de que en esta ocasión se aumentó de 7.9 a 9.9 millones el número de dosis contratadas, cuya contraprestación total también aumentó de 95.9 a 119.9 millones de dólares.
La incertidumbre mundial que rodea a la fabricación y disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 es lo que ha motivado al Poder Ejecutivo a contratar tantas dosis y de tantas farmacéuticas como sea posible, estando nosotros conscientes de la gran inequidad existente en la mayoría de estas transacciones. Pero más nos ha importado la vida de los dominicanos que las circunstancias inevitables de estas contrataciones.
El pueblo dominicano tiene el derecho a saber que la adquisición de vacunas en una pandemia que como esta, golpea a todo el mundo, nos obligó a perseguir la obtención de vacunas en las condiciones dadas por los proveedores, no solo a nosotros, sino a la generalidad de las naciones.
El Poder Ejecutivo reconoce el derecho de la población a enterarse y cuestionar las particularidades de las contrataciones públicas, de conformidad con la ley; por esta razón y por el sentido de transparencia que debe caracterizar a la Administración pública, reiteramos estos detalles, que ya han sido hechos públicos, al tiempo que asumimos las críticas que puedan surgir dentro del marco del respeto, sin violación de la ley y con conocimiento de causa.
Es gracias a estos esfuerzos colectivos entre el Legislativo y el Ejecutivo, la ciudadanía y una serie de empresarios que han unido esfuerzos para aportar sumas considerables de dinero, así como gracias al riesgo que como Estado hemos asumido, que hoy en día la República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada, no solo dentro de los países de la región sino también a nivel global, de cara a la efectiva implementación del Plan Nacional de Vacunación y, en consecuencia, a la protección de su población.
Como Gobierno tenemos el deber legal y la obligación moral de garantizar la salud y la vida de la gente, para lo cual haremos cuanto la Constitución y las leyes nos permitan. Seguiremos trabajando para preservar el derecho fundamental de todos los dominicanos de vivir en salud.