Omar Fernández hace aclaración sobre las penas por delitos de corrupción en proyecto Código Penal

Omar Fernández hace aclaración sobre las penas por delitos de corrupción en proyecto Código Penal

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, hizo una aclaración sobre las penas por delitos de corrupción en el proyecto de nuevo Código Penal, a través de las redes sociales.

Mediante un hilo de Twitter dijo: ”Se han producido señalamientos relacionados a las penas por delitos de corrupción tipificados en el proyecto del nuevo Código Penal. En ánimo constructivo de acalarar la situación, explico en este hilo lo siguiente:”

Agregó que ”contrario al estado de derecho vigente, en el nuevo Código, una persona acusada por delitos de corrupción, le aplicaría el cúmulo de penas por cada uno de los delitos por los cuales sea convicto. Es decir, la corrupción se configura con otras figuras contempladas en esta pieza”.

Continúo diciendo que el enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, sobrevaluación ilegal de obras, tráfico de influencias, etc… Cada una de estas figuras tiene su pena, y con el cúmulo de ellas, la condena pudiera ser de 20-30-40-50 años o más.

”Esto con la idea de que las reformas que se produzcan antes de conocerse en segunda lectura, sean sustanciales y sirvan para dotar a nuestro país del Código que todos anhelamos, concluyó”.

Se recuerda que el proyecto de modificación al Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados redujo la condena al delito de corrupción de diez a tres años de prisión las penas máximas para esas infracciones.

El artículo 303 aprobado en primera lectura establece: “Todo funcionario o servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, mal utilice los bienes públicos para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a su cargo, comete la infracción de corrupción y será sancionado con dos a tres años de prisión e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de cinco a diez años”.