La planta eléctrica flotante Estrella del Mar III, propiedad de la empresa Seaboard, ha anclado en el río del Ozama este viernes y el Instituto de Abogados para la Protección del Medioambiente (INSAPROMA) deplora la entrada de la planta eléctrica flotante.
Argumentan que en torno a la misma, se realizaron cinco acciones legales para a hacer valer el principio de prevención en materia ambiental, frente a la entrada de operaciones de esta, sin la misma haber agotado todos los procesos de permisología.
INSAPROMA recuerda que en fecha 3 de marzo de 2021 realizó una denuncia penal ante la Procuraduría de Medioambiente contra las operaciones de la planta Estrella Del Mar II, que motivó un descenso del procurador de Medioambiente acompañado de técnicos de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; de igual manera, en fecha 14 de abril realizó una solicitud de revocación de licencia ambiental depositada ante el Ministerio de Medioambiente, sobre la base de que la renovación y extensión de la licencia ambiental No. 003-01 Renovada de fecha 30 de marzo de 2020, incorporó subrepticiamente la autorización de instalación de la nueva planta flotante, cuyo estudio de impacto ambiental se desconoce, a pesar de que fue requerido a dicho Ministerio, sin que se haya tenido respuesta todavía.
De igual forma, en fecha 8 de abril de 2021 fue realizado un Acto de Oposición de Concesión para la Explotación y una Advertencia de Ejercicio de Acciones, dirigida a la Superintendencia de Electricidad; así como una Notificación de Revocación de Licencia Ambiental, dirigida a la Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía y Consejo Unificado de las EDES en fecha 16 de abril de 2021. Finalmente, y en vista de la firme decisión de Seaboard de hacer valer su pretendido derecho a poner sus plantas de generación frente la ciudad de Santo Domingo, en fecha 27 de abril fue depositada una acción de Amparo Preventivo que ponía en causa a la Superintendencia de Electricidad, a la Comisión Nacional de Energía, al Ministerio de Medio Ambiente y a la empresa Seaboard.
El INSAPROMA asegura que ha agotado todas las vías de derecho para garantizar el complimiento de la normativa ambiental y proteger el derecho a la salud y al bienestar que le asisten a todos los ciudadanos de Santo Domingo y el país.
Ante las acciones realizadas, y ante las movilizaciones y protestas ciudadanas y las voces de autoridades científicas, personalidades del mundo político, empresarial y medios de comunicación que se han sumado a nuestros reclamos, tenemos por respuesta la entrada de la barcaza en el río Ozama, consideran que más que un desafío al ordenamiento jurídico dominicano y a su institucionalidad, es una burla de parte de quienes entienden que los recursos jurídicos no cuentan ni valen, y que lo único que importa es el hecho consumado, sobre la base de aquel principio jurídico de la impunidad vigente, que indica que, después que el palo está dado, ni Dios lo quita.
“El principio de prevención, cardinal y transversal en toda la ley No. 64-00, manda a la prudencia y a la contención, hasta tanto no se disponga de una evaluación rigurosa y científicamente verificable que cuantifique los impactos de una acción en cuestión y sus medidas de mitigación”, expresan en nota de prensa.
“En muchas ocasiones, los daños al medio ambiente y a la salud humana son irreversibles una vez realizados y lo único que INSAPROMA persigue es lo mismo que ha perseguido por medio de las diversas acciones realizadas, en ocasión de vulneraciones a la ley de medioambiente realizadas por las autoridades llamadas a garantizar su cumplimiento: que las leyes ambientales sean oponibles a todos por igual, sin excepciones, y que no sean un requisito que solo se cumple para llenar un formulario, sino una guía real de buen actuar y proceder que, de manera previa y preventiva, indique las acciones correctas para garantizar que los dominicanos disfruten un medio ambiente libre de tóxicos, ruidos, emanaciones de gases contaminantes, impactos ambientales etc”, expresan.
INSPAPROMA rechaza la operación en el río Ozama de la barcaza de generación eléctrica actual y de la nueva planta, y repudia que la misma se constituya en un parque energético a centenares de metros de la ciudad primada de América, algo que ha impactado por más de 30 años a los moradores de los barrios de Santa Bárbara, Calero, Los Guandules, Las Cañitas y La Nueva Barquita, entre otros.
Asimismo, INSAPROMA emplaza públicamente al Ministerio de Medioambiente, a la Superintendencia de Electricidad y a la Comisión de Energía y, en definitiva, al Estado dominicano a que de cumplimiento a lo que en buen derecho hemos exigidos a través de las vías ordinarias que el Derecho pone a disposición de los ciudadanos pero que, al parecer, no son suficientes para las autoridades.
En efecto, el Ministerio de Medioambiente ha sido el principal responsable de que esas barcazas contaminantes hoy estén el río Ozama, pues ha sido esa institución la que en marzo de 2017 extendió su permanencia en ese lugar, contradiciendo los decretos presidenciales No. 296-99 y No. 260-14 que ordenan su saneamiento; la que en marzo de 2020 extendió de nuevo la renovación, esta vez por cinco años, y añadió subrepticiamente una nueva planta en la renovación del permiso de la vieja; la que en fecha 30 de marzo en palabras de su actual ministro, dijo que estaría pronunciándose al respecto, declaraciones que reiteró cinco días después, en fecha 5 de abril, sin que hasta la fecha se haya pronunciado.
INPSAPROMA reitera que no se opone a la inversión extranjera, y que reconoce que es necesaria para el desarrollo del país, pero vuelve y hace la misma pregunta: ¿es necesario tener esa planta en ese río?, ¿no debe el Estado brindarles facilidades a sus propietarios para que la misma pueda operar en otra zona y continúen brindando sus servicios y realizando sus negocios?, ¿o es que para que unos pocos puedan hacer un gran negocio es necesario que otros muchos se perjudiquen? No creemos que esa sea la vía idónea para estimular la inversión extranjera.
