Aldeas Infantiles SOS llamó la atención a las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Protección Infantil, incluido el Estado, así como las familias y la sociedad en sentido general, debido a la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que constantemente son vulnerados en distintos espacios llamados a protegerles, poniendo en riesgo su integridad tanto física, como emocional.
Esta entidad manifestó que la sociedad dominicana se encuentra frente a un fenómeno que viene cobrando fuerza en las familias, las comunidades y los entornos primarios de los niños y las niñas, sin que los actores legalmente obligados con la protección de la niñez jueguen el rol que la constitución y las leyes le reservan en la protección integral de la infancia.
Aldeas Infantiles puntualizó que tanto el Artículo 4 de la Convención de los
Derechos del Niño, como el Artículo 56 de la Constitución prevén la obligación del Estado, la familia y la sociedad en hacer primar el Interés Superior del Niño, masí como de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y como país aún nos queda un largo trecho que recorrer.
Explicó que el Estado ha impulsado esfuerzos de alta relevancia para superar las situaciones descritas. “No obstante, aún persisten brechas por cerrar como son inversión en la niñez y adolescencia limitada, baja calidad de los servicios sociales, deficiencias en la articulación intersectorial, sistemas de información obsoletos, mecanismos de monitoreo y evaluación frágiles”, indicó la organización.
“Junto a estos elementos se agrega la permanencia de pautas culturales y
sociales que normalizan la violencia en todas sus manifestaciones y que
agudizan la discriminación, la desigualdad de género, el machismo y la
aceptación de conductas que vulneran los derechos de la niñez y la
adolescencia”, añadió Aldeas Infantiles SOS.
Apuntó que para poder cumplir con el marco normativo de protección, el niño y la niña deben contar con un entorno protector, en el cual el Estado promueva de manera masiva la prevención de la violencia contra éstos, cree mecanismos de vigilancia en las comunidades y aplique el sistema de consecuencias establecido en la Ley136-03; las familias les cuiden, les protejan y los miembros de la comunidad denuncien cualquier abuso o amenaza de la que tengan conocimiento.
