La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), realizó, por medio de la Operación Coral, un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, acusando a los detenidos de ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el principal responsable es el exjefe de la escolta presidencial del expresidente Danilo Medina, el mayor general Adams Cáceres Silvestre, quien a través del cargo de jefe de seguridad presidencial y valiéndose de supuestas artimañas de corrupción administrativa, llegó a administrar una fortuna que, de manera preliminar, se calcula en más RD$3000 millones en el período 2012-2020.
El guardaespaldas del exmandatario, supuestamente conformó un entramado para lavar y defraudar dinero del erario, estructura en la cual la pastora Rossy Guzmán, una persona de extrema confianza de este alto oficial, se convirtió en su mano derecha y principal testaferro, involucrando esta tambien a su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán.
En este entramado, el Ministerio Público también menciona a los investigados Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra Núñez, quienes prestaban sus nombres para tratar de ocultar dinero corrupto.
Bienes investigados
Entre los bienes incautados por la Pepca están cuatro casas de lujo con zona de recreación común, ubicadas en la urbanización Colinas del Oeste. Las autoridades calculan que, solo el costo del solar asciende a RD$160 millones, mientras que la construcción de las casas posee un valor aproximado de un millón de dólares.
Otros bienes inmuebles en manos de las autoridades son las granjas de producción avícola y porcina, ubicadas en la provincia de Monte Plata, y registradas bajo la Asociación Madre Tierra.Imputaciones
Al grupo de apresados mediante la Operación Coral se le imputa incurrir en los ilícitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos (la declaración jurada en el caso del alto oficial), lavado de activos provenientes de actos de corrupción y también porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
