Las autoridades del Ministerio Público establecieron que el coronel Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado corrupto organizado por el exjefe de la seguridad presidencial, mayor general del Ejercito Adán Cáceres para defraudar al Estado.
De acuerdo a los datos contenidos en el expediente del Ministerio Público, con relación a la “Operación Coral” este se desempañaba como Encargado Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, lo que le permitía a Adán Cáceres mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos RD$3,000,000,000 durante los ochos años de gestión.
La Pepca asegura que los imputados Rafael Núñez de Aza y Adán Benoni Cáceres Silvestre colocaron millones de activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y dólares estadounidenses que le servían de soporte para tomar préstamos que eran pagaderos en tiempo récord, sin tocar nunca los valores de los certificados.
Esto llamó la atención del Ministerio Público, ya que “la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable, a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales y de esta forma”.
Como experto financiero, Rafael Núñez de Aza obtenía prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años, dice el Ministerio Público.
Cabe destacar que la Operación Coral es un tentáculo de Operación Antipulpo.
En la denominada Operación Coral fueron apresados el general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Erick Pereyra Núñez.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
