Cuatro organizaciones empresariales reafirmaron ante la vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, su compromiso de trabajar con el Gobierno para combatir los ilícitos en el mercado de bebidas alcohólicas.
Las entidades empresariales identificaron cinco ejes de acciones para atacar el ilícito: (i) aplicar los máximos controles al comercio ilícito, (ii) la implementación estricta de un régimen de consecuencias, (iii) concientizar a la ciudadanía sobre los efectos de consumir bebidas ilícitas, (iv) una coordinación efectiva entre las entidades reguladoras y de persecución y (v) propiciar las capacidades técnicas necesarias para enfrentar con efectividad la producción y comercialización de bebidas adulteradas.
La propuesta fue presentada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON), los Representantes de Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS) y la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cervezas (ADOFACE) en un encuentro en el que también participaron el ministro de Salud Pública Daniel Rivera, la Procuradora General Adjunta Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, representado por el asesor Mario Pujols y el titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), magistrado Rafael Brito Peña.
Entre las acciones propuestas por el sector privado se encuentran el establecimiento de control absoluto a la importación y comercialización del metanol, materia prima utilizada como componente en la fabricación de pinturas, barnices y otros productos industriales, y que ha sido añadida a las bebidas adulteradas que han causado lamentables pérdidas de vidas.
Sugiere contar con laboratorios oficiales acreditados que le permitan al Gobierno detectar de manera rápida los componentes en las bebidas adulteradas que están causando los fallecimientos, como lo es la alta concentración de metanol.
Para enfrentar en forma coordinada el comercio ilícito de bebidas alcohólicas proponen la formación de una coalición público-privada a favor del consumo seguro, liderada al más alto nivel desde el Gobierno y el sector privado. Asimismo, consideraron oportuno activar el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, establecido en la Ley No. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
Destacaron que el impacto del comercio ilícito de bebidas alcohólicas – que tiene presencia en todo el territorio nacional – constituye una real tragedia con pérdidas de vidas en forma recurrente. Lo cual justifica la petición de las agrupaciones empresariales de que el abordaje del problema integre los esfuerzos público y privado.
El plan propone además la implementación de una campaña conjunta de concientización sobre la detección de bebidas adulteradas y los efectos negativos que produce su consumo. Estas bebidas, conocidas generalmente como clerén, triculí o tapa floja, no cumplen con los requisitos sanitarios y regulaciones vigentes para su comercialización y consumo.
