El reconocido abogado Francisco Álvarez saludó este miércoles, el informe de los Estados Unidos sobre derechos humanos en el país, en el que se asegura que durante el año pasado el Gobierno dominicano “no respetó la independencia e imparcialidad judicial”.
“Estados Unidos no hace eso por colaboración, no lo hace por parecer un Padre Billini, ni nada de eso,
Esta ealuacion hace enfasisresaltando además que también ejerció influencia en decisiones judiciales
Álvarez, sostuvo que la empresa Odebrecht tenía la acostumbre de sobornar para obtener contratos, por lo que las empresas norteamericanas, cuando iban a una licitación con alguna empresa brasileña, se sentía en desventaja.
El referido informe, determinó que algunos servidores públicos realizaban actos corruptos que quedaban impunes con frecuencia, asegurando que el Gobierno no imponía las sanciones de lugar para castigar esas situaciones.
Asimismo, se afirmó que en repetidas ocasiones organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaban acciones de esta índole y que, aun así, la corrupción gubernamental continuó siendo un problema “grave” en República Dominicana.
“La ley establece sanciones penales por corrupción cometida por funcionarios. El gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad”, indicó el documento.
De igual manera señalaron que la falta de voluntad política fue el principal obstáculo para que las investigaciones fueran llevadas de manera satisfactoria, principalmente si se trataba de empleados públicos o personas con conexiones en el Gobierno.
Entre los casos de corrupción en curso durante el 2020, y que fueron resaltados en el reporte, está el de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y el denominado caso “AntiPulpo”, donde fueron involucrados varios exfuncionarios de la administración de Danilo Medina.
El reporte presentado por el Departamento de Estado norteamericano indicó que, a pesar de la percepción generalizada de que ese proceso judicial era un paso positivo en la lucha contra la corrupción en el país, activistas se quejaron de la mencionada falta de voluntad para investigar a fondo las alegaciones realizadas en contra de varios exfuncionarios.
