La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), entidad integrada por unas 56 organizaciones sociales, llama la atención de las autoridades y la sociedad en general, sobre el rumbo que ha tomado en el país la discusión sobre la inclusión en el Código Penal de la despenalización del aborto en tres causales, demanda que no solo atañe a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto.
El derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo cuando su vida corre peligro, cuando el embarazo es inviable (no tiene posibilidad de dar vida) y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto; debe ser reconocido como tal, un derecho de las mujeres, que implica la recuperación de la palabra, a tomar decisiones y posiciones por ellas mismas, además del empoderamiento de sus vidas y su salud.
ADESA, entiende que la lucha por la interrupción del embarazo en tres causales, es parte de las demandas por la salud integral de las niñas y las mujeres; una deuda pendiente del Estado dominicano, que no ha sido capaz de implementar políticas públicas en materia de salud que aseguren una vida plena en consonancia con la dignidad de las niñas y las mujeres. Por eso hoy existe la necesidad de que los grupos de mujeres, organizaciones sociales y personalidades de la sociedad salgan a las calles demandando respuesta y respeto de sus derechos.
La salud, la vida y la dignidad de las niñas y las mujeres no pueden reducirse a un tema de ideologías, es un tema de derechos, históricamente vulnerados por una sociedad patriarcal guiada por patrones culturales que han colocado a la mujer siempre en condiciones de inferioridad y de dependencia. De ahí la justeza de la lucha por la igualdad de oportunidades, y la importancia de la lucha por el derecho a decidir sobre su vida y exigir la aprobación de las tres causales en la interrupción del embarazo.
En un comunicado de prensa, la articulación de carácter social y comunitario recordó, además, como parte de la deuda del Estado con el pueblo dominicano, la puesta en marcha de un sistema de salud incluyente que garantice atención médica integral de calidad para todos, una cobertura de acceso universal, una atención primaria que contemple la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la orientación en salud sexual y derechos reproductivos, acceso a medicamentos y métodos de planificación familiar y de protección sexual.
“Esta es la mejor manera de garantizar el derecho a la salud de toda la población y de acceso a derechos de las mujeres en materia de salud sexual integral”, dice el comunicado.
La Alianza pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo, a los legisladores-as, a las iglesias en todas sus denominaciones revisar las estadísticas de las muertes materna por causas prevenibles, consideran como vergonzosa la tasa de embarazo en adolescentes, el auge indetenible de la violencia de género que termina en el alto índice de feminicidios en el país, la prevalencia de enfermedades como cáncer uterino y de mama, la tasa de matrimonio infantil y las uniones tempranas, todas ellas, situaciones y problemas de salud que enfrentan las mujeres día a día, especialmente las niñas y las mujeres pobres. “¿Quiénes levantan la voz sobre esto, quienes están trabajando para que esta realidad en las vidas de las mujeres cambie?, dónde están los defensores-as de la vida que poco se escuchan sus voces sobre estos problemas que tienen las niñas y las mujeres?”, cuestionaron.
“Es hora de cambiar esta realidad, el Estado tiene la obligación de cumplir su rol de garante de derechos, legislar y crear las políticas públicas que garanticen el derecho de las niñas y las mujeres a salud integral. Este es el momento justo para que el país sea una sola voz, sin importar color de piel, nacionalidad y creencias, unámonos como un solo cuerpo con un único propósito, la defensa de la salud, la vida y la dignidad de nuestras mujeres”, expresaron.
