El Tribunal Constitucional conocerá el próximo viernes 26 de marzo una acción directa de inconstitucionalidad de la Alianza Ciudadana contra la Ley 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio, por desbordar los “criterios objetivos” que permiten al Ministerio Público tipificar infracciones que no están previstas por las leyes y “contaminar” los expedientes de corrupción.
La abogada Evelyn Torres, representante de la Alianza Ciudadana y de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), dijo que la persecución de la corrupción se debe hacer en un contexto de legalidad y transparencia, para evitar que se vicien los expedientes antes de llegar a los tribunales.
En ese sentido, advirtió que el artículo 13 de la Ley 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio de Funcionarios Públicos, otorga amplios poderes al Ministerio Público para iniciar procesos por incrementos patrimoniales de los funcionarios sin la tipificación legal adecuada.
“Eso es un boomerang, pues se crean las condiciones para dirigir una investigación penal dudosa que conduce a la frustración de la lucha contra la corrupción administrativa”, dijo.
Explicó que la norma incurre en una violación de los principios de legalidad y reserva de ley, “pues se parte de la premisa de que son las autoridades, y no la ley, las que tipifican las infracciones que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”.
“Sólo la ley puede establecer en cuáles supuestos una falta de información, una omisión o un error en la declaración jurada constituye una infracción penal, y además debe contener elementos suficientes para determinar la conducta prohibida; de lo contrario, el caso se cae”, señaló.
La acción directa de inconstitucionalidad fue radicada por la Alianza Ciudadana el 20 de noviembre del año pasado y la audiencia pública del TC está fijada para este viernes 26 de marzo, tras lo cual quedará en estado de fallo.
El Tribunal Constitucional conocerá el próximo viernes 26 de marzo una acción directa de inconstitucionalidad de la Alianza Ciudadana contra la Ley 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio, por desbordar los “criterios objetivos” que permiten al Ministerio Público tipificar infracciones que no están previstas por las leyes y “contaminar” los expedientes de corrupción.
La abogada Evelyn Torres, representante de la Alianza Ciudadana y de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), dijo que la persecución de la corrupción se debe hacer en un contexto de legalidad y transparencia, para evitar que se vicien los expedientes antes de llegar a los tribunales.
En ese sentido, advirtió que el artículo 13 de la Ley 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio de Funcionarios Públicos, otorga amplios poderes al Ministerio Público para iniciar procesos por incrementos patrimoniales de los funcionarios sin la tipificación legal adecuada.
“Eso es un boomerang, pues se crean las condiciones para dirigir una investigación penal dudosa que conduce a la frustración de la lucha contra la corrupción administrativa”, dijo.
Explicó que la norma incurre en una violación de los principios de legalidad y reserva de ley, “pues se parte de la premisa de que son las autoridades, y no la ley, las que tipifican las infracciones que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”.
“Sólo la ley puede establecer en cuáles supuestos una falta de información, una omisión o un error en la declaración jurada constituye una infracción penal, y además debe contener elementos suficientes para determinar la conducta prohibida; de lo contrario, el caso se cae”, señaló.
La acción directa de inconstitucionalidad fue radicada por la Alianza Ciudadana el 20 de noviembre del año pasado y la audiencia pública del TC está fijada para este viernes 26 de marzo, tras lo cual quedará en estado de fallo.
