El jurista Namphi Rodríguez juzgó correcta la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de no “inventar” con el voto electrónico hasta tanto el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre su compatibilidad con el sistema democrático.
Rodríguez, director del Foro Constitucional, dijo que hace bien el pleno de la JCE, encabezado por su presidente, Román Jáquez Liranzo, en denegar la petición de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, para que el órgano electoral colabore con las elecciones de la asociación de profesores utilizando el sistema de voto electrónico que colapsó las elecciones municipales del 15 de febrero del 2020.
En ese sentido, rechazó las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien calificó de “extemporánea” la decisión anunciada por Jáquez Liranzo.
El catedrático sostuvo que lo prudente es esperar que el TC falle la acción directa de inconstitucionalidad que interpuso el 4 de febrero del 2020 y que el tribunal conoció en audiencia pública el 12 de marzo siguiente, tras los acontecimientos que dieron origen a la suspensión de las elecciones municipales.
Rodríguez impugnó el método de votación electrónica implementado por la JCE argumentando que viola derechos fundamentales, como el secreto del derecho al voto, el principio de soberanía popular, la libertad de información y el principio de progresividad.
Por esa razón, pidió al TC la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, que faculta a a la JCE a implementar progresivamente el voto automatizado.
El referido artículo establece que “la Junta Central Electoral está facultada, en consulta con los partidos políticos, para la autorización progresiva del proceso de votación, debiendo probar los sistemas que se usarán, por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de la votación. Las pruebas podrían incluir simulacros realizados exclusivamente para la validación de los programas y equipos a usar. Los mismos podrán usarse como prueba en las votaciones correspondientes a gremios y organizaciones de la sociedad civil”.
En un extenso escrito de 27 páginas, Rodríguez consignó que el voto automatizado resulta contraproducente en el sistema electoral dominicano porque discrimina a personas de origen rural y grupos vulnerables con baja formación educativa.
Subrayó que por esa razón en naciones como Alemania ese sistema de votación ha sido declarado inconstitucional.
Igualmente, adujo que con el empleo de aparatos electrónicos en los sistemas de emisión del voto se dejan rastros que permiten determinar la trazabilidad del sufragio, lo cual viola el principio de que es un derecho directo y secreto.
