El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresó este jueves su apoyo al colectivo de mujeres que abogan por la aprobación en el Código Penal de las tres causales excepcionales que justifican la interrupción del embarazo.
Durante una rueda de prensa, realizada en el campamento instalado frente al Palacio Nacional, la entidad manifestó que su decisión está sustentada en la defensa de los “derechos a la vida, dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad que la Constitución garantiza a la mujer, y que corresponde a nuestros líderes y representantes cumplir y hacer cumplir en todas las esferas, incluyendo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo”.
“El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, aprobó unirse a los reclamos de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, la cual está integrada por más de un centenar de organizaciones que han establecido un campamento en los alrededores del Palacio Nacional con el objetivo de hacer visible sus reclamos ante la amenaza que contra los derechos de la mujer, representa la aprobación por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de código penal que penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto, así como cuando la criatura tenga una malformación incompatible con la vida”, expresa un documento leído por Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil.
Así mismo, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a los partidos políticos y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral, inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Blanco García, aseguró, además que desde el movimiento cívico son respetados todos los ciudadanos y ciudadanas que por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero sus convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas.
“Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó.
Con relación a las declaraciones del presidente, en el sentido de que no puede imponer su postura a los diputados, expresaron que el mandatario tiene que ejercer su liderazgo y bajar línea a los legisladores, pese a que son poderes independientes.
