La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que es oportuno realizar un ejercicio de valoración y análisis de las acciones, medidas y/o directrices que, hasta la fecha, han sido ejecutadas desde el Poder Ejecutivo.
Mañana 27 de febrero el presidente Luis Abinader se dirigirá al país en una reunión conjunta de las cámaras legislativas para realizar su primera rendición de cuentas de la gestión gubernamental que encabeza, tal como es tradición y ordena la Constitución de la República.
Este análisis, FINJUS reconoce que la gestión del actual gobierno se ha desarrollado en uno de los peores escenario social y económico en del país en las últimas décadas, caracterizado por la combinación de los efectos de la pandemia por COVID-19, que ha generado una crisis económica y sanitaria sin precedentes, lo que ha implicado haber gobernado todo el período desde el 16 de agosto pasado en el marco de un estado de emergencia, con toques de queda y restricciones agudas al libre tránsito y la vida comercial y la actividad productiva.
En este contexto, la fundación realizó consideraciones puntuales del primer semestre de la gestión gubernamental, haciendo hincapié en la institucionalidad democrática, el sistema de justicia y la seguridad ciudadana.
“Valoramos positivamente que esos programas entraron en acción manteniendo los procedimientos financieros y legales vigentes, ya que las nuevas autoridades recibieron oportunas observaciones de los medios de comunicación y organizaciones sociales y civiles, para que fueran cumplidos todos los requisitos que imponen las leyes”, manifestó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
Asimismo, expresó que “como directriz estatal, se evidencia la proactividad en materia de fiscalización de la Dirección General de Compras y Contrataciones, propiciando un mayor control de la actuación de la estructura gubernamental en esta área estratégica. Sin embargo, está pendiente la modificación profunda de la Ley 340-06 y su reglamento, que como es conocido por todos los sectores representa una de las palancas en las que se ha apoyado el modelo clientelista y anti democrático que ha regido nuestro sistema político en las últimas décadas”.
Consideran que aunque valoran positivamente varias de sus gestiones, no dejaran de señalar las incoherencias que, según se han manifestado en el gobierno, como propiciar acciones que chocan directamente con principios rectores de la administración pública, tal lo es la decisión de promover una modificación legislativa para favorecer de manera particular a funcionarios públicos específicos, por ejemplo en el sector de las aguas.
“La sociedad ha valorado muy positivamente las acciones encaminadas a la eliminación de las nominillas en varias entidades y la depuración de manera particular en el servicio exterior de la República”, afirma el documento del vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
En cuanto a la conformación de su gabinete de gobierno, dice que se registró una falta de paridad y participación de la mujer, dejando de lado promesas realizadas en el sentido de promover la participación de la mujer en espacios de decisión del Poder Ejecutivo y otros sectores sociales.
“Respecto a la persecución de la corrupción, que junto al enfrentamiento de la crisis sanitaria y al mejoramiento de la seguridad ciudadana, constituye uno de los ejes prioritarios del actual gobierno, desde la sociedad se ha visto con mucha esperanza la designación de una nueva procuradora general de la República y su equipo de apoyo más cercano, que vienen tomando una serie de iniciativas dirigidas a restaurar la confianza ciudadana en el Ministerio Público y que muestran gran capacidad para enfrentar los complejos casos que se conocen en el sistema de justicia penal”, manifiesta FINJUS.
En este mismo sentido, en FINJUS valoran el interés de establecer una ley que regule las contrataciones de publicidad estatal y de modificar la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República a fin de regularizar el proceso de auditorías internas de las instituciones de carácter público. “De igual manera, es propicia la intención de modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, sobre quienes la sociedad ha demandado su independencia y objetividad y que se ha visto afectada desde hace largo tiempo por su falta de credibilidad, ineficiencia y la poca rigurosidad en las auditorías que está obligada a realizar”.
Con respecto a la creación de la Subdirección Antifraude en la Contraloría General de la República, la Comisión de Revisión y Reestructuración de programas de asistencia social, el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del gasto público y demás dependencias, conviene puntualizar que queda pendiente la definición adecuada de las eventuales atribuciones de estos organismos, para que sean órganos con verdadera capacidad de cooperación interinstitucional y faciliten el cruce de informaciones, lineamientos y datos, dejando atrás la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que dificultan y a veces hacen imposible la búsqueda de soluciones efectivas.
En materia de persecución de la corrupción, consideran que la ciudadanía espera que desde el Poder Ejecutivo se impulse de manera decidida la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, por lo que representa un gran reto para esta gestión que promueva activamente la aprobación de la ley de extinción de dominio. “Este instrumento normativo, permitiría devolver a su estado originario en manos del Estado aquellos bienes que nunca contaron con el resguardo de la legalidad en la integración de ningún patrimonio personal”.
En este sentido, dicen que las reformas anunciadas requieren traducirse a planes de trabajo que sean razonables, de ejecución a corto y mediano plazo y medibles.
El área de la seguridad FINJUS dice que el actual gobierno ha concentrado la atención en ello y saludan la forma sistemática como lo hace. “Coincidimos con el ánimo del Ejecutivo de centrar esfuerzos desde el Ministerio de Interior y Policía con los gobiernos municipales para promover el desarrollo de la aplicación de los planes de seguridad ciudadana conjuntamente con el gobierno central”.
Desde FINJUS reiteran su convicción de que el mayor reto de la actual gestión de gobierno es promover el fortalecimiento de los pilares constitucionales, que apunta hacia la separación e independencia de los poderes públicos, así como órganos extra poderes e independientes.
