El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Antonio Faña, solicitó la tarde de este martes una licencia en sus funciones al presidente Luis Abinader para enfrentar “sin tropiezos” las acusaciones que les hace una exfuncionaria de la institución.
En una carta al gobernante, Faña expresó que, “me permito, señor presidente solicitarle una licencia laboral, para con ello, cesante de mis funciones, poder enfrentar sin tropiezos, esta causa política, en la que demostraré mi inocencia, fuere en el plano legal o político”.
Lea aquí la defensa del director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña:
“En el fragor de mi jornada del día de hoy, han querido empañar mi persona con una acusación que carece de validez y no tienen ningún tipo de fundamento. Aclaro la misma es un rumor con el que se pretende poner en duda mi accionar como dirigente político y como funcionario. Estoy muy consciente de lo que soy, de mi rol como esposo, padre de familia y del servicio que debo a mi país.
Comunico que me he puesto a disposición de las estructuras judiciales del país, para que realicen las investigaciones de lugar, a la vez, para facilitar la misma, informo que solicité al presidente de la República Luis Abinader, una licencia de la función que tengo a mi cargo como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
He tenido una trayectoria pública intachable y de compromiso en contribuir siempre con el bienestar de mi país.
Reitero mi honradez y honestidad ante el pueblo y mi familia.”
Por su parte, el presidente Luis Abinader decidió la suspensión temporal del ingeniero Faña como director del Instituto (IAD) de conformidad con el artículo 88 de la Ley 41-08 de Función Pública.
En los medios de comunicación ha trascendido que contra el director del IAD existe una denuncia invocada el pasado 18 de enero de este año por María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera de la entidad, lo que supone el inicio de una investigación judicial sobre el incidente y la aplicación de la ley de Función Pública para la suspensión temporal del funcionario denunciado.
El texto legal aplicado por el Poder Ejecutivo como máxima autoridad de la Administración, establece que cuando para realizar una investigación judicial o administrativa, fuere conveniente a los fines de la misma, suspender a un servidor público, procedería hasta por sesenta días continuos, siendo posible la prorrogación de esta por una sola vez.
