El Vicepresidente Ejecutivo del Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Gúzman, publicó un informe titulado “Reflexiones sobre el sistema de justicia de la República Dominicana”, en donde explica el funcionamiento del sistema de justicia dominicano de cara a los principales hitos evidenciados en el presente año.
En dicho informe se describe el funcionamiento del propio sistema de justicia, pasando por las experiencias más recientes por parte del Poder Judicial y, de manera prioritaria, analizando cuáles avances y desafíos presenta el Ministerio Público en la misma órbita argumentativa. En ese sentido, el informe versa sobre aspectos prácticos muy puntuales que permiten resignificar la importancia del Ministerio Público y el Poder Judicial en el marco de la modernidad.
“El funcionamiento óptimo del Estado social y democrático de derecho requiere un sistema de justicia oportuno, accesible, equitativo, sostenible y que opere ante el imperio de la ley por sobre cualquier circunstancia,”, dice el documento.
Tambien explica que “en lo que concierne al Poder Judicial, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19, se implementó el modelo de operación de la justicia bajo el proyecto denominado “Servicio Judicial”, que involucra unos nuevos procesos sustentados en áreas organizacionales y el uso intensivo de tecnologías para la prestación de servicios.
A pesar de los obstáculos propios de la migración del servicio judicial a la virtualidad, se ha registrado avance en cuanto a la mora judicial, especialmente en algunos distritos y departamentos judiciales del país donde se han prestado estos servicios virtuales, como Puerto Plata, Barahona y San Juan de la Maguana.”
Para concluir, Tulio Castaños en el informe , manifiesta “Sin embargo, tal como hemos mencionado desde FINJUS, el acceso a la justicia se ha visto limitado por diversos factores que pudieren generar una afectación respecto del acceso a la justicia dejando en clara desventaja a grupos históricamente discriminados, socialmente vulnerables o en estado de debilidad manifiesta al acceso a la administración de justicia y al debido proceso conforme a ley en tiempos de virtualidad.”
