La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, concuerda con el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en que la penalización absoluta del aborto es un grave problema social, de salud pública y de violencia contra las mujeres, que afecta fundamentalmente a las más pobres y las que están situación de alta vulnerabilidad y violencia.
Es por eso que valora positivo el apoyo de este gobierno a la aprobación de las tres causales: cuando la vida de la mujer corre peligro, en caso de violación e incesto y cuando hay malformación del feto incompatible con la vida clínicamente comprobable.
“El presidente Luis Abinader Corona, hizo el compromiso de un gobierno del cambio, el cual empieza por dar respuesta a los problemas en un contexto de institucionalidad y respeto a los derechos y a la salud de las mujeres sin aplazarlos. Existen suficientes evidencias que indican que la penalización absoluta del aborto, no contribuye a disminuir su ocurrencia, razón por la cual las tasas más altas de aborto son justamente en los países con leyes más restrictivas, como es nuestro caso”, señala Jiménez.
Se estima que en República Dominicana, cada año, aproximadamente 25.000 mujeres, adelescentes y niñas son atendidas por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos, causando entre el 8 % y 13% de las muertes maternas, según datos del Ministerio de Salud Pública.
“Estamos ante un problema de salud y de derechos. Como gobierno debemos asumir la responsabilidad de dar una respuesta, no seguir postergando la decisión”, agregó Jiménez, quien citó la “Encuesta de Opinión Pública sobre el aborto en la República Dominicana” realizada en junio de 2018, la cual evidencia, que el 79 % de las personas encuestadas consideran que el aborto no debería estar penalizado cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el 76 % cuando el embarazo no es viable y el 67 % cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.
El Ministerio de la Mujer considera que como gobierno y desde todas las instancias hay que enfocarse en trabajar para asegurar el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, ofrecer educación en salud integral, el acceso a los y las jóvenes y adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, así como en fomentar una cultura de paternidad responsable y en trabajar en el impulso de políticas públicas, para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas, prevenir los embarazos adolescentes, la violencia contra las mujeres, adlescentes y niñas, incluyendo el incesto y las violaciones sexuales.
