El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, anunció que formalmente renuncia a una serie de beneficios, compensaciones y gastos personales establecidos en esa institución que no están contemplados en la Ley 105-13 de Función Pública.
“El primero de esos beneficios al que he decidido renunciar es a la compensación por un valor de 50 mil pesos por mi asistencia y participación en las reuniones del Consejo de Administración de esta institución. Este monto era asignado por cada una de las participaciones que sostuviera el Director Ejecutivo”, destacó en un video oficial publicado a través de sus redes sociales.
Rodríguez explicó que ese beneficio no está establecido en ninguna parte de la Ley y que más bien está prohibida su implementación.
Adicional a esto también se refirió a un beneficio que se ha “normalizado” en la institución desde el año 2010 siendo este totalmente prohibido en la Ley. “Dejo sin efecto el uso de una tarjeta corporativa con límite de 150 mil pesos mensuales y 10 mil dólares para gastos personales de la Dirección Ejecutiva sin tener que reportar o dar cuentas de los mismos beneficios que ciertamente prohíbe el reglamento 41-08 de Función Pública, donde solo hace esta excepción para las figuras de presidente y vicepresidente de la República”, indicó.
Sostuvo que también renuncia a otros beneficios que aunque sí los propone la Ley, no serán de su uso actualmente como medida de austeridad a raíz de la crisis humanitaria y económica que vive el país y el mundo por el COVID-19.
“Entre esos beneficios destaco la compra de un vehículo oficial y la compensación por el uso de mi vehículo particular y una serie de compensaciones que pueden esperar”, manifestó Jean Luis Rodríguez.
El servidor público con este accionar explica que las malas prácticas no serán parte de su gestión “La herencia de malos hábitos y la creación con estos de una costumbre incorrecta no forman parte de nuestro accionar. Yo apelo a la institucionalidad, a las acciones éticas y a lo que está establecido en la Ley”, refiriéndose así a su manera de respetar la administración pública.
