El Grupo Acción Cristiana manifestó rechazo y desaprobación al Proyecto de Ley sobre la igualdad y no discriminación sometido por el diputado del Frente Amplio Nacional, Juan Dionicio Rodríguez, ya que consideran que el mismo “fomenta a niveles nunca vistos la discriminación y la desigualdad en RD”.
Una nota de prensa enviada por la entidad expresa que la aprobación de este proyecto de ley sería un atentado contra las libertades individuales y la armónica convivencia nacional. En conclusión, la entidad denuncia que esta ley, viola la libertad de empresa (Art. 4 inciso d y f, Art. 8), la libertad de conciencia (Art, 4 inciso f, Art. 8 b); limita educación cristiana y sus centros educativos (Art. 6 inciso b); viola el derecho a la vida (art. 9); limita la libertad religiosa (Art. 8 c, f. Art. 10); convierte al Estado en promotor de conductas disfóricas a través de la asistencia activa y de integración de esto al presupuesto nacional.
“Esta pieza, es una promoción burda de la agenda LGBT, en violación a varias legislaciones y al principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 39 de la Constitución dominicana”, indicó José Antonio Flaquer, presidente del Grupo Acción Cristiana. Además, añadió que “esta pieza pretende establecer una dictadura ideológica con leyes de mordaza para quienes planteen opiniones disidentes a las propuestas de los colectivos LGBT, penalizándolos con entre tres y cinco años de cárcel por supuestos actos de discriminación contra estos colectivos y otros grupos que abarca la ley, como el de los inmigrantes ilegales”.
Flaquer afirmó que, de aprobarse esta pieza, “se prohibiría a los padres que instruyan a sus hijos, a las iglesias que aconsejen a sus miembros y a los profesionales de la sicología y medicina que orienten a sus pacientes con relación a la desorientación y/o disforia sexual”.
Flaquer hace un llamado a la sociedad y a los empresarios en particular a prestar atención a este sometimiento, ya que con esta legislación “se forzaría a los empleadores a que, en la selección de empleados, tengan que priorizar a aquellos que pertenezcan a los grupos privilegiados por dicha ley, en lugar de realizar las contrataciones sobre la base de los méritos y capacidades de los candidatos. Por lo tanto, cita que esta ley es lesiva al desarrollo y competitividad del sistema productivo nacional.”
“Así mismo también se les prohibiría a los empleadores que soliciten saber si los aplicantes tienen o no antecedentes penales. Esto es muy peligroso, ya que una escuela, por ejemplo, no tendría la posibilidad de saber si una persona con antecedentes de pedofilia le está solicitando empleo; o una empresa no podría saber si una persona con antecedentes de robo está aplicando para ser cajero, por ejemplo”, señaló Flaquer.
Destaco además que el comité supervisor que la ley propone nombrar para vigilar y reforzar el cumplimiento de dicha ley no incluye ni una sola organización familiar ni religiosa, pero sí incluye a grupos ideologizados y a instituciones del Estado reconocidas por el nivel de parcialización ideológica que han mostrado por años, tales como el Ministerio de la Mujer o el CONAVIHSIDA.
