Wilson Camacho cuestiona además las tácticas dilatorias en el expediente sobre US$92 millones pagados en sobornos por la firma brasileña. #RCNoticias
Santo Domingo.- El Ministerio Público deploró que los abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht incurran en el absurdo jurídico de querer escudarse en unos archivos definitivos que están bajo investigación, debido a que fueron dispuestos de manera irregular y en secreto por la pasada gestión de la Procuraduría General de la República, a favor de ocho de los encartados en el expediente.
El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que el Ministerio Público concurre este lunes al estrado para la audiencia del caso después de entregar a los abogados de los imputados Víctor José Díaz Rúa y Porfirio Andrés Bautista García copias de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación del delito.
“Entre las irregularidades que presentan los archivos definitivos destacan que fueron firmados durante las vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, no fueron notificados ni informados a Guerrero Pelletier y el causal en el que pretenden motivarlos es improcedente, ya que bajo ninguna circunstancia puede decirse que los delitos imputados no son un tipo penal”, sentenció Camacho.
Explicó que, pese a ello, el Ministerio Público puso los documentos a disposición de todas las partes que intervienen en el proceso, al depositarlos vía Secretaría en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
“El Ministerio Público encamina todas sus acciones procesales al amparo de la transparencia y bajo todas las garantías procesales de los imputados”, dijo Camacho.
“Sin embargo, procuramos que la audiencia se conozca superando las tácticas dilatorias de la defensa de los imputados que, al final, solo prolongan el proceso judicial en perjuicio de la efectividad en la administración de justicia del Poder Judicial y de todo el Estado, así como de los intereses de los propios imputados que se ven sometidos a procesos más largos”, agregó.
