Santo Domingo. – El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández sometió este martes el primer proyecto de ley que busca regular los procesos de transiciones gubernamentales en República Dominicana, en aras de fomentar la transparencia y organización durante el cambio de mando.
Durante el traspaso, las actividades de las autoridades salientes no podrán ascender ni contratar nueva empleomanía, salvo docentes y/o personal médico, estará prohibido donar o ceder bienes del Estado, iniciar licitaciones y/o contrataciones que excedan el presupuesto vigente o que comprometa el futuro presupuesto salvo expresa autorización de la comisión entrante, ni el inicio de nuevas obras o proyecto.
En caso de extravío, desaparición u ocultación de cualquier tipo de información por algún servidor público será sancionado a penas entre dos (2) y diez (10) años de prisión
Con esta regulación se busca fomentar el principio de gobierno responsable, respeto a la voluntad popular y equilibro y confianza democrática, para lo que deberá ser entregado al menos 10 días antes de la toma de posesión de las nuevas autoridades y publicado en la Gaceta Oficial en no más de 30 días luego de su entrega.
El legislador de Fuerza del Pueblo expresó que el proyecto de ley regulará los tres niveles de elección popular, es decir, Poder Ejecutivo y sus instituciones derivadas, cámaras legislativas y alcaldías.
En el caso del gobierno central, el proyecto plantea una transición persona a persona, siendo responsabilidad del intendente entregar los informes de pagos pendientes, cuentas por cobrar, nomina, proyectos pendientes de conclusión, así como otros datos actualizados.
Lo propio ocurrirá en las alcaldías y direcciones de Distritos Municipales, donde deberá reformularse lo establecido en el artículo 461 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Sin embargo, en las cámaras legislativas, será responsabilidad del presidente de la Cámara correspondiente rendir los informes de su gestión. Mientras que, a lo interno, cada presidente de Comisión Permanente oficializará cuentas respecto a los proyectos que tengan a su cargo para estudio.
Este proyecto coloca la legislatura dominicana a la altura de regulaciones de países como Canadá, Estados Unidos, y Puerto Rico.
