Durante décadas hemos visto cómo miles de mujeres han sido cruelmente asesinadas por hombres que en su mayoría son parejas o ex parejas, la República Dominicana a pesar de no estar entre los países con mayor densidad poblacional de América, se encuentra entre los primeros lugares en feminicidios de América latina y el Caribe.
Solo entre los años 2005 y 2019 se registraron 1,795 feminicidios, cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), números que difieren a los registrados en el portal de transparencia de la Procuradoria General de la República, que registra 1,295 feminicidios en el mismo período.
Esta ultima cifra contabiliza solo los íntimos (aquellos cometidos por la pareja o expareja) y excluye los no íntimos (mujeres asesinadas por otros familiares, violaciones por desconocidos con resultado de muerte, etc.), que se consideran como simples homicidios.
No es justo que las mujeres tengan que vivir atemorizadas, que no puedan ni siquiera confiar en las autoridades como la PGR o la Policía Nacional ya que como hemos visto en los diferentes casos existe confabulación entre abogados, fiscales y otras autoridades con los asesinos.
Se han evidenciado distintos acuerdos con firmas falsificadas por las mismas autoridades y hoy esas mujeres están muertas, logrando sus verdugos finalmente cometer el grave delito.
Las autoridades y la sociedad misma deben ser capaces de priorizar la prevención, contrarrestando el imaginario machista y la cultura patriarcal en todos los ámbitos, especialmente en las escuelas, y educando en una nueva masculinidad a fin de desmontar progresivamente los viejos estereotipos que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, esa desigualdad que está detrás de la violencia de género en todas sus manifestaciones.
Mujeres asesinadas, hijos huérfanos, familias desgarradas, víctimas potenciales aterrorizadas y una sociedad que mira tibiamente hacia otro lado. El feminicidio, el asesinato de mujeres a manos de hombres por el simple motivo de que estos creen tener algún derecho sobre ellas, constituye una verdadera lacra, aunque no es más que el último eslabón de una larga cadena de control, amenazas, maltrato y abuso.
Una verdadera montaña oculta de desigualdad y prejuicios basados en el género que no retrocede y que parece congelar también a la sociedad y al estado, que reaccionan con demasiada lentitud y a menudo indiferencia ante esta problemática.
Pero si consideramos que según el concepto de feminicidio manejado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la organización cívica Participación Ciudadana, que agrupa los íntimos y los no íntimos, en el período 2005-2018 se produjo un promedio de 188 feminicidios por año.
Siguiendo este mismo criterio, en el período 2011-2016 el país ocupó un vergonzoso tercer lugar en materia de feminicidios en toda América Latina.
La violencia de género es el delito más denunciado en RD (a pesar del enorme subregistro existente, pues muchos de estos casos no se traducen en denuncias. Desde el 2017 se someten cada año, según datos de la PGR más 60,000 denuncias de violencia de género.
Sólo en el 2017 se registraron 5,808 denuncias de delitos sexuales, y se emitieron 17,148 órdenes de protección, pero solo el 4% de las denuncias llegó a los juzgados y apenas el 2% terminó con una sanción penal. Lo peor es que pese a que en 2012 se prohibió entregarles a las mujeres que denunciaban a sus agresores las órdenes de protección, alejamiento o arresto, esta práctica se continúa realizando ayudando solo a incrementar la ira del agresor.
Pero las órdenes de protección se quedan a menudo en letra muerta pues no existen mecanismos de seguimiento en nuestro país. Para atajar el problema de raíz es preciso empezar a educar en la igualdad y contrarrestar el imaginario machista en todos los ámbitos. Este es un proceso de largo aliento. La violencia de género es estructural y solo se puede combatir desde la base.
A la hora de desmontar estereotipos y conductas basados en la inferioridad, en la subordinación o en la codificación de las mujeres, juegan un papel fundamental las familias, las escuelas y las iglesias, estas últimas a menudo renuentes al enfoque de género, que es el único que permite combatir la desigualdad que se traduce en violencia y asesinatos.
Considero que nos urge una campaña coherente a través de los medios de comunicación y las redes sociales que promueva una nueva masculinidad. En un país donde las distintas instituciones estatales gastan tantos millones en promocionarse, podrían usarse esos recursos para educar y concienciar a la población a fin de erradicar este gran problema.
Urge también incluir en el currículum educativo contenidos que prevengan la violencia de género, así como en el de determinadas carreras como Medicina o Derecho, pues los profesionales de esas áreas deben tener sensibilidad y empatía para contribuir al abordaje del problema.
Por: Carlos Miguel García (Mercadólogo)
